El próximo jueves 20 de junio el tribunal tomará la decisión si aprueba resolver el caso o rechazarlo; resolución que se hará pública el lunes 24. Si el fallo es el primero, la Corte resolverá si el país deberá pagar o no unos u$s 3.000 millones; lo que difícilmente se defina este año. Si, por el contrario, rechaza su tratamiento, quedarán en firme los fallos de primera y segunda instancia contrarios al país y la causa volverá al tribunal de primera instancia del Distrito Sur para que la jueza Loretta Preska (que heredó el sillón de Thomas Griesa) resuelva la manera en que el país tendrá que liquidar la deuda.

La situación para la Argentina es complicada. Siguiendo los antecedentes recientes, especialmente la suerte del país en el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitres, es difícil que la Corte Suprema de marcha atrás con fallos unánimes de primera y segunda instancia.

Según analistas que conocen la forma de actuar del máximo tribunal norteamericano, es difícil que resuelva tomar el caso dentro de las muy pocas causas que anualmente acepta tratar la Corte. El Tribunal debe resolver obligatoriamente la situación de la causa, luego que el gobierno de Donald Trump opinó en contra de la petición argentina de mudar la causa de los Estados Unidos a la Argentina; delegando en la Corte la definición. Esta le había pedido a Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EE.UU. y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que desde Buenos Aires el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y luego liquidar el pasivo que deje la causa.

Sin embargo, el solicitor general (procurador general de los Estados Unidos), Noel Francisco, emitió su opinión negativa para el país, dejando en manos de la Corte la decisión final.