Hay un asunto que se está convirtiendo en un clásico para la época electoral: el tratamiento de la cuestión energética como política de Estado. El grupo de ex secretarios de Energía, a quienes respeto y tengo una muy cordial relación, pero con quienes no concuerdo en muchos temas, nuevamente presentaron sus propuestas para el largo plazo -políticas de Estado- a los candidatos para sus consideraciones y eventual firma. 

Si yo fuese candidato, este documento no lo firmaría -pese a sus méritos- para no condicionar mi futura gestión. Una política de Estado debe ser materia de acuerdo entre los partidos con representación en el Congreso, con intervención oportuna de las comisiones de Energía de las cámaras y de los órganos directivos partidarios. Pero tampoco lo firmaría por otra razón: no puede haber política de Estado en energía sin que también exista en macroeconomía. 

Así que mi propuesta es preparar un documento invitando a los candidatos a comprometerse a trabajar (y no a firmar un papel) en políticas de Estado sobre: reducción del déficit fiscal, deuda pública e incentivos a las exportaciones de modo tal que en un plazo no mayor a un mandato Argentina alcance un riesgo país de 300 puntos. Si nosotros conseguimos esto, el resto viene solo, en la medida que los políticos no tengan un síndrome de abstinencia y vuelvan a gastar lo que no les pertenece. Una política de Estado, para ser creíble, requiere de una moneda (cosa que no tenemos). Voy a ser leal pero muy duro con los autores del documento. 

Entre 1983 y 1988, el radicalismo tuvo (al menos que yo recuerde) 3 secretarios de Energía e intentó desarrollar los siguientes planes para la industria del petróleo: Houston I, Houston II, Plan Olivos I, Plan Olivos II, Plan Huergo y Petroplan. Es decir, el Gobierno arrancó con un plan para que las empresas privadas exploren petróleo y firmen contratos de servicios con la entonces YPF estatal, y terminó diciendo que YPF debía desprenderse de activos. En el medio tuvimos la desgracia de tener la mayor crisis energética de la historia argentina, en 1987, consecuencia de una sequía sin precedentes, pero también de una indisponibilidad del parque de generación térmica sin antecedentes. 

Como es habitual, se escribieron y se dijeron muchas cosas a favor y en contra en ese tiempo: que fue culpa de la mala suerte y de Agua y Energía Eléctrica del Estado (AyE), entre otras. Y jamás pude leer un documento hecho público por el Gobierno de entonces, en forma oportuna, explicando las razones del problema, sustentadas las mismas por la opinión de expertos neutrales. Ahora bien ¿la indisponibilidad del parque térmico fue por indolencia, porque AyE no se ocupó? De ninguna manera; fue porque no había dinero y la macroeconomía estaba en una situación horrible. 

Es decir, exactamente igual que hoy. Y esa situación devengó en la privatización de AyE. Para ser frontal (prefiero que me tengan bronca por lo que pienso y digo y no porque supongan lo que pienso), creo que es momento para ejercer la humildad y la continencia verbal. No para dar consejos cuya validez no siempre encuentran el respaldo en el pasado. El próximo 2 de julio habrá un seminario en el CEMA para debatir si la energía debería ser una política de Estado, y tuvieron la mala idea de invitarme. Así que voy a decir lo que pienso: Argentina primero necesita una política de estado en la macro economía, que debe contener un claro compromiso de que el Estado se meterá lo menos posible con la actividad privada. 

Y que elevarán el poder de acción de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia , y que la dotarán de todos los elementos necesarios para que actúe, incluyendo a directores con muchas ganas de trabajar. Si un privado (o el Estado) hace uso de poder de mercado deberá pagarlo muy caro.