El gobierno liberó el pago de más de $ 18.500 millones a empresas productoras de gas (unos 250 millones de dólares al tipo de cambio oficial), que se materializarán en las próximas semanas. El timing no es menor. Justo cuando las cuentas públicas crujen por la necesidad de redireccionar el gasto público hacia la contención social de la pandemia, el Ejecutivo busca darle una señal a la industria. 

Técnicos del gobierno proyectan que si no se retoma la perforación de pozos de gas el invierno que viene pueden llegar a faltar entre 20 y 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) más de gas. Si esa oferta no surge de nuevos desarrollos en el país, habrá que importar más Gas Natural Licuado (LNG) que se paga en dólares que el país hoy no tiene. Para cubrir la demanda de gas de los meses de frío, este año ya se compraron 22 cargamentos que costarán unos 270 millones de dólares (se adjudicaron a un precio sorprendentemente bajo de cerca de US$ 3 por millón de BTU). Si el gobierno no actúa rápido, es probable que la cifra de barcos de LNG se duplique para 2021. 

Aunque la pandemia prácticamente inhabilita el trazado de una agenda energética de mediano plazo, el gobierno hace una excepción en el caso del gas natural. El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1º de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió —al menos parcialmente— los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza. 

¿Por qué las empresas productoras de gas, con YPF a la cabeza, van a confiar en los términos previstos en el Plan Gas 4 si el mismo Estado incumplió las condiciones de pago de programas anteriores como el establecido por la resolución 46/2017, que fijó un precio estímulo para los proyectos de gas no convencional, o el Plan Gas I que expiró a fines de 2017 pero aún no fue saldado? 

El gobierno entiende el punto. Por eso, a partir de los primeros días de junio comenzó a cancelar los pagos de compensaciones atrasadas a las empresas beneficiarias del esquema de promoción lanzado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri. Son subsidios que, por resolución, deberían liquidarse mes a mes. Pero estaban frenados desde diciembre tras el cambio de administración. "Había que ajustar los procedimientos. Cambio la dependencia funcional de la Secretaría de Energía y participan otros servicios jurídicos que tienen que embeberse del tema. Lo importante es que haya arrancado", reconocieron en una petrolera. 

De acuerdo con cifras Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint, cobró los primeros días de junio unos $ 1900 millones imputables al mes de noviembre de 2019. En rigor, tendría que haber percibido esa cifra en enero de este año. La empresa, que invirtió en los últimos dos años más de US$ 2000 millones en la construcción de Fortín de Piedra, el mayor proyecto de gas en Vaca Muerta, tiene previsto cobrar, además, un remanente de 11.400 millones en seis cuotas que se pagarán en los próximos 70 días. Serán imputados al pago provisorio (equivalente al 85% del total que le corresponde cobrar) por la producción inyectada en los meses de octubre y diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo y abril de 2020. Una imagen aérea de Fortín de Piedra, donde Tecpetrol invirtió más de US$ 2000 millones. CGC, la petrolera de Corporación América, también cobró unos $ 650 millones correspondientes a la producción inyectada al sistema en octubre del año pasado.(...)