Se trata de la puesta en vigencia de la nueva ley (la denominada LUC), que incorpora cambios sustanciales en la cadena de producción, comercialización y fijación de precios de los combustibles. Con respecto a este tema y a su impacto en la sociedad, Surtidores conversó con el Presidente de la Federación de Trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez . 

La producción de biocombustibles en Uruguay tiene un costo económico cuyo retorno no se puede medir con el mismo criterio. Queda claro que el emprendimiento agroindustrial de ALUR fue concebido para cumplir con un una faceta fundamental de las empresas públicas -en este caso ANCAP- que es promover el desarrollo productivo y social del país. No desconocemos las dificultades históricas que ha tenido Bella Unión, una zona deprimida en cuanto a la generación de empleo, con lo que queda claro que ANCAP está cumpliendo en la zona, su rol social de sostener un emprendimiento que ocupa laboralmente en forma directa o indirecta a cuatro mil personas.

ALUR hoy es el corazón del rol que debe cumplir una empresa pública. Está claro también que la producción de combustible en Uruguay es de las más caras de la región, sobre todo si la comparamos con Brasil, un productor gigante de etanol en el mundo y también con Argentina que posee un fuerte subsidio en esta actividad. Pero también está claro que ANCAP cumple con ese rol social que le fue encomendado por ley, generando trabajo y por ende, produciéndose una dinamización del mercado interno, debido al impacto de su misión en otras actividades económicas. 

El impacto que todo esto tiene en los combustibles es de un 10 por ciento (porcentaje de mezcla de etanol) lo que representa $ 3.44 en cada litro de gasolina. En caso de reducir la mezcla al 5 por ciento, hablamos de una baja por litro en el surtidor de $ 1.72 por litro, aunque como contrapartida tendríamos una pérdida de casi 2 mil puestos de trabajo. Nosotros creemos que estas medidas son una distorsión en el rol social de una empresa pública, en este caso ANCAP, y lo que se estaría haciendo solapadamente sería transformar un Ente Autónomo en la lógica de una empresa privada que lo único que persigue es el lucro y la ganancia, con un costo de una enorme pérdida en fuentes de empleo así como de derechos para la ciudadanía, al atacarse las herramientas que el ente posee de políticas públicas, como por ejemplo el subsidio a la producción de biocombustible (de lo que ya hablamos) , la caída del subsidio al boleto del gasoil, el subsidio al flete que a partir del 1ro. de enero de 2021 dejará de ser pago por ANCAP. Nosotros nos preguntamos ¿si ANCAP no lo paga, quien lo hará? ¿Los estacioneros? ¿Las distribuidoras?. No esto es fácil deducirlo, el transporte lo va a pagar la ciudadanía, con una lógica a través de la que se pagará el combustible de acuerdo a la distancia que está del punto de distribución. 

Hoy en día ANCAP garantiza que los combustibles llegan al mismo precio a todos los rincones del país, al cobrar una tasa única de 1 pes por litro transportado. Eso estaría cambiando, ya que el ente dejaría de subsidiar este rubro que hoy representa entre 50 y 60 millones de dólares. De seguirse con el supergás el mismo criterio que con los combustibles de adecuación al precio internacional, éste debería aumentar un 25 por ciento. 

El subsidio al boleto es necesario y muy importante, porque -como decía- parte de la esencia de un Ente Autónomo es velar por los desprotegidos y que puedan tener beneficios con las políticas instrumentadas. Quien toma un ómnibus en cualquier ciudad está dentro de los sectores con menores ingresos, que necesitan que un Ente Autómomo les garantice sus derechos y precisamente terminar con las desigualdades.  (...)