Pero esta vez no sería una actualización para mejorar los ingresos de las estaciones de servicio, sino que se aplicaría el aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que quedó estipulado en el decreto 488 de mayo pasado. 

Según la normativa del Poder Ejecutivo, los impuestos deberían actualizarse sobre la base de la inflación acumulada en el primer y segundo trimestre del año, que fue de 13,6%. Esta suba, a su vez, se traduciría en un alza en surtidor de 3,3% para las naftas y de 2,3% para el gasoil sobre los precios de la Ciudad de Buenos Aires, según un informe de la consultora Energy Consilium, que dirige el exministro Juan José Aranguren. 

¿Cómo se podría evitar el aumento? La primera opción sería que, mediante una resolución, la Secretaría de Energía posponga los incrementos o aplique un aumento parcial, algo que ya sucedió varias veces. Si se lleva adelante la suba total, el Estado recaudaría $2300 millones más por mes, según los cálculos de Energy Consilium. La segunda opción, y la que desataría el enojo de las refinerías -YPF, Axion, Raízen (a cargo de las estaciones Shell) y Puma Energy- sería que la actualización de los impuestos sea absorbidas por ellas, lo que implica un aumento de sus costos. 

Esta medida se haría efectiva a través de YPF: si la empresa que tiene la mayor participación de mercado (55%), y que es controlada por el Estado, no traslada la suba de impuestos a surtidor, el resto no lo haría, porque la diferencia de precios sería muy grande en un sector tan competitivo. De hecho, de avanzar con esa opción sería perder en ingresos casi la mitad del incremento de 5% que aplicaron las refinerías la semana pasada en el área metropolitana, lo que retrasaría aún más la recomposición de precios. 

Según las refinerías, los precios están atrasados hoy entre 4 y 5% en relación al de paridad de exportación (el valor que obtienen las empresas por el petróleo exportado, restándole los costos de transporte y las retenciones). Qué hacer con el impuesto a los combustibles será la primera decisión de corto plazo que deberá tomar Darío Martínez, el secretario de Energía que fue designado hace más de un mes , pero todavía no asumió en el cargo. Hoy se podría dar el primer paso para que la asunción se haga efectiva, cuando la cámara de Diputados retome las sesiones mixtas y le acepte la renuncia. 

Ya en abril último, cuando el precio internacional del barril de petróleo se desplomó a casi US$25, el Gobierno aplicó un aumento del impuesto a los combustibles de 25%, que hubiera significado una suba de 5% en surtidor, pero que absorbieron las refinerías. Pero la situación es distinta ahora: no solo el precio internacional se recuperó a valores por encima de US$40, sino que la Secretaría de Energía quiere establecer de nuevo un barril criollo, para aplicar un precio sostén que encarece el costo de principal insumo de las refinerías. 

En el acumulado del año, los precios promedio de los combustibles aumentaron a nivel país 8,2% (en AMBA, 11,3%), mientras que en el mismo período, la inflación acumulada es de aproximadamente 20% y la devaluación en el mercado mayorista es de 20,64%. A su vez, la demanda de combustibles todavía sigue 25% por debajo a los volúmenes de venta de febrero, previo a la pandemia. 

Este número equivale a la caída de 15% en los volúmenes que tiene el consumo de gasoil y al 35% de contracción que tiene la demanda de naftas, según el último informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha).