Muchas dudas de las que se planteaban en torno al comportamiento y al precio de los combustibles, así como la preguntas sobre cómo se procesará la liberalización de este mercado, en su etapa denominada "distribución secundaria", y su impacto en las Estaciones de Servicio, quedan ahora aclarados con este documento. Uno de las interrogantes en todo este proceso, ha sido el rol de la ANCAP, con la nueva Ley de Urgente Consideración. 

En este sentido el MIEM da cuenta que "la empresa estatal seguirá siendo productora de combustibles fósiles en el marco del monopolio de combustibles en Uruguay. Por ello debe garantizar la disponibilidad de todos estos productos en todo el país y en cualquier momento". Nueva normalidad Con respecto a la fijación de precios -proceso en el que en el pasado ANCAP participó activamente y fue criticada por ser "juez y parte"- el MIEM aclara que "el Poder Ejecutivo aprobará un precio para la venta de los combustibles en las plantas de distribución de ANCAP desde donde se abastecen las Estaciones de Servicio". 

El precio que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que vende el ente, es lo que se llama "PPI" o Precio Paridad de Importación y "se utilizará como base para la aprobación del precio por parte del Poder Ejecutivo. De esta forma se procurará que ANCAP compita virtualmente con ese importador teórico, apuntando a que sea más competitiva, en beneficio de todos los uruguayos", señala el MIEM. 

Cambios en las reglas para fijar precios en estaciones de servicio. Hasta ahora la fijación de precios de los combustibles en Uruguay la marcaba el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, en consulta con ANCAP, con diferencias -en algunos casos importantes- entre la recomendación "técnica" del ente y las necesidades de recaudación del gobierno. Evitar posición dominante Precisamente en este punto se explica que la fijación de tarifas estará a cargo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), "un servicio descentralizado, independiente y autónomo, responsable de calcular este precio de máxima eficiencia teórica, con base en el mercado internacional del petróleo y los ajustes que corresponden al mercado nacional. Basado en el cálculo independiente de la URSEA, el Poder Ejecutivo aprueba el PPI, así como el precio máximo de venta al público, para evitar abusos de posición dominante". 

Una particularidad implícita en la nueva ley, es la revisión de los precios del combustible, que hasta ahora se hacía una o dos veces al año. En el caso del PPI, este se modifica dentro de los primeros días de cada mes. "Por lo tanto, se espera que el precio de venta al público cambie también cada mes. De este modo, se evitan grandes desfasajes con el mercado internacional. Como consecuencia, todos los actores del sistema pueden prever cuál será el precio máximo del combustible, lo que genera más transparencia y más justicia y evita sobresaltos". (...)