El irresuelto conflicto del reconocimiento a las comunidades indígenas que reclaman zonas de explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta tendrá un nuevo capítulo a partir de la decisión del gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que anunció su desembarco en Neuquén para avanzar en la aplicación de la prorrogada ley que impide los desalojos. Es que la última prórroga vence el 23 de noviembre de este año y, hasta ahora, no se avanzó en la resolución de los conflictos que tienen cinco comunidades con empresas petroleras y otras 59 que hay en la provincia según la Confederación Mapuche. Hasta el 2015 se habían relevado unas 30 comunidades de las 50 que había en ese momento, según precisó el exresponsable del organismo por ese entonces, Alberto Vivero. 

El actual diputado nacional del Frente de Todos se reunió en San Martín de los Andes con representantes de comunidades mapuches de la zona sur neuquina para trabajar en la reactivación del relevamiento territorial de comunidades a partir del impulso que - dijo- dio el presidente Alberto Fernández con el anuncio de la prórroga de la Ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Adelantó que espera con mucha expectativas para las próximas semanas la visita de las autoridades del INAI que vendrán para trabajar "en el territorio con nosotros para concretar la entrega de distintas carpetas técnicas". 

El presidente Alberto Fernández indicó que este año enviará un proyecto de renovación de esa ley e iniciarán "la reparación histórica que establece la manda constitucional" con el fin de reconocer "todas las voces e identidades que convivimos en la Argentina", durante la apertura de sesiones del Congreso, refiriéndose a la Ley 26160. Vivero recordó que esta ley fue sancionada en el año 2006 y, "pese a las resistencias y operación del gobierno provincial, tanto en la gestión anterior como en la actual, el relevamiento tuvo un avance importantísimo entre el año 2011 y 2015, donde se relevaron poco más de 30 de las más de 50 que hay en la provincia". 

La norma legal declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Ha recibido varias prórrogas y actualmente tiene vigencia hasta el 23 de noviembre. El diputado neuquino sostuvo que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "se pudo llevar adelante el relevamiento territorial en la provincia porque el gobierno nacional, de manera integral, puso el presupuesto y financió toda la logística". (...)