Argentina y los fondos que litigan por la expropiación de YPF llegaron a un acuerdo para no mostrar las pruebas del caso, ni de un lado ni del otro. El fondo Burford busca cobrar más de US$ 2.500 millones por supuestos errores en la estatización del 51% de la compañía. El país no quiere pagarlos. 

En la disputa, se había iniciado un proceso de "discovery" (investigación) en que las partes solicitaban una serie de pruebas. Tras varias controversias sobre esas pruebas -que incluían la participación de la familia Eskenazi en la compra del 14,9% de YPF con un préstamo de Repsol-, las partes acordaron confidencialidad total. Ningún documento se hará público, a menos que que la otra parte lo avale. "Está todo totalmente cerrado, salvo que las partes involucradas lo liberen", aclararon seguidores del caso.

El pacto entre las partes llega cuando la justicia argentina ya le tomó un testimonio (limitado) a la familia Eskenazi. Y tenía una citación para declarar en la justicia estadounidense.El "discovery" es un proceso de investigación en que las partes solicitan documentación. No había acuerdo entre Burford y Argentina sobre esas pruebas. Ahora lo hay: quedarán en secreto.

La jueza Loretta Preska, a cargo del distrito sur de la corte de Nueva York, escuchó a los abogados de las partes en una audiencia del 18 de febrero. Les dijo que se pusieran de acuerdo en torno a las pruebas y documentos que iban a presentar. Esa concordancia se alcanzó, todo lo que se presente quedará secreto. Solo podrá verlo Preska.

En caso que alguna de las partes quiera hacer público algún documento obtenido de la otra, deberá pedirle permiso para poder usarlo a Preska con 14 dias de antelación. El "dañado" por la prueba puede solicitar que lo difundido sea acotado o restringido.Este tipo de convenios se suscriben, en general, cuando se está explorando la posibilidad de un arreglo extrajudicial.En la última audiencia, Argentina había pedido mayores plazos a Preska. Decía que las pruebas que necesitaba mostrar en el caso requerían más tiempo para ser conseguidas, por autorizaciones y permisos que había que pedir. Burford argumentaba que el país solo estaba tratando de ganar tiempo Preska avaló la solicitud argentina de más tiempo. Y ahora Burford le comunicó al juzgado que todas las pruebas de la investigación quedarán en secreto. No se podrán usar en el juicio, a menos que la otra parte preste su consentimiento.

Burford compró los derechos para litigar de Petersen Energía. Esa firma era de la familia Eskenazi, pero fue a la quiebra. Y Burford se quedó con sus derechos para litigar en la justicia española. Argentina pretendía objetar esa operación y le pidió a Burford una serie de documentos. A su vez, Burford contragolpeó argumentando que los documentos que Argentina poseía ya estaban en posesión de los abogados del país, y se trataba de un obstáculo para ganar tiempo.El entendimiento llega cuando Sebastián Eskenazi, el líder del grupo Petersen, había  sido citado a declarar en Nueva York, En un viaje con escala en el aeropuerto de Miami, al empresario  le entregaron una orden para que declare en la justicia de los Estados Unidos. Estaba previsto para el 1 de marzo. 

Si declaró o no quedará en secreto. “Los querellantes (Petersen Energía y Eton ) se tomaron el trabajo de notificar en persona al principal testigo de los Eskenazi (Sebastián Eskenazi) a través de una orden de asistir a un juzgado (...) cuando se encontraba viajando a los Estados Unidos desde la Argentina”, expresaron los abogados de los fondos en febrero. “Lo hicimos para poder traer la parte de la investigación relacionada con él bajo la supervisión de la Corte (de Nueva York), de manera que que no pueda haber discusión sobre el interés de los querellantes en obtener las pruebas”, aseguran los abogados. “Poner al señor Eskenazi bajo la órden de declarar nos asegura que los acusados (N. de R: Argentina e YPF) obtengan la prueba de investigación que la Corte decida que sea necesaria”, aseguraron en esa ocasión. (...)