También se revisaría la suba de los biocombustibles. Pablo González, presidente de YPF, está negociando con la primera plana del gobierno un acuerdo que ordene cómo evolucionarán los precios de los combustibles durante los próximos meses. Se trata, en los hechos, de conseguir el aval del presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para establecer una escalera de subas que se concretarán entre marzo y julio, antes de que se instale definitivamente la agenda electoral. 

Está implícito que a partir de ese mes se obturará la posibilidad de actualizar los precios en surtidores para no afectar el ánimo de la opinión pública de cara a los comicios legislativos. ¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo que persigue YPF? Con Economía se está acordando que el Estado resigne parte de la recaudación de los impuestos que gravan el expendio de combustibles. En los primeros dos meses del año, las refinadoras —YPF, Axion Energy, Raízen y Trafigura— funcionaron como una especie de agentes de retención. 

La mayor parte de los aumentos de estos meses sirvieron para trasladar a surtidores: a) el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono. b) la depreciación del tipo de cambio Y c) la actualización del precio de los biocombustibles que se mezclan con las naftas y el gasoil. En definitiva, en los últimos meses, YPF y el resto de las petroleras pagaron el costo político de realizar subas consecutivas (pequeños aumentos) que se originaron en cuestiones exógenas a la variación del precio del crudo. 

El mandato es que eso cambie a partir de ahora. ¿Qué implica eso? Básicamente, que el Ministerio de Economía negocie un esquema de aumentos para los próximos tres o cuatro meses en lugar de ir definiendo mes a mes qué hacer con los precios en surtidor. Esa fórmula no funciona, ni sectorial ni políticamente. Postergación de impuestos El importe del ICL debería actualizarse mañana en función de la inflación registrada en el último trimestre. 

Se acordaría con Economía que ese ajuste —que por sí sólo motivaría un salto del orden del 2,5% del precio final de las naftas— no se aplique o, al menos, no por completo. El Estado resignará esa recaudación para hacerle lugar a la recomposición del margen de refinación de las petroleras, que se vio afectado desde mediados de febrero por el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que hoy cotiza casi a 70 dólares (en diciembre cotizaba a US$ 55). El escenario de máxima que se negocia con Economía es que la actualización del ICL se postergue hasta noviembre (después de las elecciones). O al menos hasta junio. (...)