Sin embargo, a menos de seis meses de ser lanzado, las empresas acusan un “cambio en las reglas bajo las cuales comprometieron la realización de inversiones en la producción de gas natural”.En la Secretaría de Energía rechazaron esta acusación y, al contrario, indicaron que son las empresas las que quieren cambiar las reglas para incumplir con los objetivos del Estado.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que congrega a las principales compañías – YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Total y Wintershall, entre otras–, le envió una carta al Secretario de Energía, Darío Martínez, “a fin de transmitir la preocupación” de los asociados en relación con los términos de la resolución N° 144/2021.Según la misiva, esta normativa, que fija la letra chica sobre el proceso de contratación de proveedores locales que deben hacer las productoras, “impone el cumplimiento de obligaciones en cabeza de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr de manera retroactiva” que, según dicen, “resulta de cumplimiento imposible”.

“Esto plantea la readecuación de compras y contrataciones ya efectuadas o su terminación anticipada. Ello es claramente impracticable por razones de seguridad operativa que exigen mantener las actividades de manera ininterrumpida”, dice la carta.Según señalan en la industria, las empresas presentaron sus planes de inversión junto con las ofertas para ser adjudicatarias de la provisión de gas en base a la obligatoriedad del decreto que estableció el programa de la Secretaría de Energía que fija como criterio indispensable priorizar a los proveedores locales.

Sin embargo, la nueva resolución detalla mecanismos que, dicen, son imposibles de llevar adelante. Por ejemplo, las empresas deben darle la posibilidad a todos los proveedores locales que se presenten en una licitación a igualar la oferta que haya realizado un competidor del exterior.“Para cualquier compañía, este tipo de normas impide planificar contratos y atenta contra los tiempos, porque hay que centrar y prever una cierta logística para la contratación. La norma desbarata esto. Además, es un tema conceptual: no se puede convalidar que después de presentada una licitación cambien las reglas de juego”, dice un ejecutivo petrolero.

Otro actor del sector indicó que la normativa afecta también las políticas internas de las empresas multinacional, que muchas veces tienen estándares de contratación de proveedores que excede el tema del precio, sino que se basan en otros criterios como compliance, medio ambiente, seguridad, calidad y respaldo crediticio.“Entre un proveedor extranjero y uno local, se le tiene que dar la prioridad al local, si es el mismo precio, pero tal vez implica que se deja de cumplir con las políticas internas de la empresa, en detrimento de la seguridad o de la calidad del servicio”, comentó.

En ese sentido, la carta aprobada por toda la industria critica: “La disposición afecta la libertad de contratar y el derecho de ejercer industria lícita de las adjudicatarias del Plan GasAr, así como la libre competencia y concurrencia de las empresas proveedoras, limitando la oferta de bienes y servicios y acotando el potencial desarrollo de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera (en forma contraria al mismo objetivo que aduce favorecer). En los hechos, esto implicaría un margen de preferencia a favor de determinadas empresas que redundará en mayores costos operativos, en detrimento de la competitividad del sector hidrocarburífero. (...)