Luego de dar por finalizada la discusión por las tarifas de electricidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá ceder también ante su intención de aplicar un aumento mayor en las boletas de gas, que le hubiera permitido al Tesoro disminuir el gasto en subsidios energéticos en por lo menos $36.000 millones (equivale a un poco más de un mes de tarjeta Alimentar, que beneficia a 4 millones de personas). 

El interventor en el Enargas, Federico Bernal, que al igual que Federico Basualdo responde a Cristina Kirchner, le envió al ministro los nuevos cuadros tarifarios de transición para disponer de un aumento en las boletas de gas, después de más de dos años de congelamiento. Sin embargo, el incremento solo le mejorará los ingresos a un componente de la tarifa: el de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, entre otras); mientras que para las transportistas (TGN y TGS) no habrá suba y para las productoras, la Secretaría de Energía se hará cargo de una mayor proporción de las transferencias, a contramano de lo que quería Guzmán. Si el ministro firma el documento enviado por Bernal en estos días, los nuevos cuadros tarifarios podrían estar vigentes a mediados de la semana que viene. 

Como adelantó el interventor, los usuarios residenciales recibirán en promedio un incremento del 6%, que coincidirá con la suba estacional de las tarifas por el mayor consumo de invierno. Este 6% promedio en la tarifa final de los consumidores residenciales implica un incremento de más del 24% para las distribuidoras, que hasta podría llegar al 90% para las que abastecen a grandes usuarios (industrias y comercios), según fuentes oficiales. El segmento de distribución representa alrededor del 24% del precio final de la boleta; el de las transportistas, 11%; la producción de gas, 50%, y el resto son impuestos nacional, provinciales y municipales. 

Las mayores perjudicadas con este esquema serán TGN y TGS, que seguirán con sus ingresos congelados hasta por lo menos el año que viene. Si bien las empresas podrían ir a la Justicia, ya que sería un trato desigual ante la ley, en el Gobierno están confiados en que no lo van a hacer. “No harán el reclamo porque sencillamente no les conviene. Hay temas mucho más importantes que seis meses de tarifa de transición. El año que viene tendrán un recálculo importante y la clave es la nueva revisión tarifaria integral (RTI) y los contratos de licencia, que vencen en 2027″, señalan en el Frente de Todos. Además indicaron que se está trabajando en una mesa conjunta con las empresas para definir obras de expansión y tarifas para gasoductos de exportación, entre otras cosas. (...)