El Gobierno les autorizó a las empresas un incremento del 9% luego de más de dos años con tarifas congeladas; con ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos, requieren de ayuda estatal Desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó sin suerte echar a su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que el sector energético se convirtió en un tema tabú en el Gobierno. 

Ni siquiera se pudo avanzar en un proyecto de ley que en el oficialismo consideran estratégico, como la Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas para incentivar la producción de gas y petróleo, pese a que hace 14 días se informó que habían finalizado el diseño de la norma y que solo faltaba la presentación oficial del Presidente. Cuando faltan menos de 15 días para conocer el proyecto de Presupuesto para el año próximo, la atención se empieza a centrar en las tarifas de gas y electricidad y el monto que el ministro le asignará al gasto en subsidios. 

Para este año, Guzmán había proyectado mantener constantes los subsidios en 1,7% del PBI respecto de 2020, pero los analistas en energía consideran que finalizarán más cerca al 2% del producto. Un tema que se desprende de este gasto es la situación de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que son reguladas por el Estado Nacional (el resto de las compañías están a cargo de las provincias). 

Esta diferencia no menor significa que la Secretaría de Energía, a través de ENRE, decide los aumentos de precios. Esto explica por qué en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde tienen concesión Edenor y Edesur, los incrementos de tarifas fueron tan solo del 9%, mientras que en el interior hubo aumentos de hasta 35%. En las tarifas de gas no sucede esta distorsión, ya que todas las distribuidoras dependen del Estado Nacional y son reguladas por el Enargas. Solo reciben menos tarifa las localidades alcanzadas por los subsidios de Zonas Frías, que recientemente el Congreso amplió. Por eso en todo el país hubo un aumento igual del 6%. 

La particular situación de Edenor y Edesur, sin embargo, abrió otro problema en el Gobierno. El año pasado, el Ministerio de Economía había incorporado en el Presupuesto la posibilidad de que las distribuidoras de electricidad regularicen su deuda con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica. Cammesa le envía a las distribuidoras el costo de generación eléctrica con un subsidio de alrededor del 65%. Cada empresa debería trasladarle ese precio a los usuarios y enviarle a Cammesa lo que recauda. (...)