Eso se votó en la ley de Presupuesto 2023 que aprobó Diputados el miércoles por la mañana. Pero hay un beneficio extra para las empresas: en los próximos tres meses podrán disponer de recursos adicionales a través de un aumento de tarifas. Para el caso puntual de Edenor y Edesur tendrán ocho años para pagar una deuda de $ 200.000 millones que mantienen con Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico. 

Esto es porque los márgenes que le fue autorizando el Poder Ejecutivo nacional a las distribuidoras de Buenos Aires y el conurbano durante los últimos tres años resultaron insuficiente para que estas empresas puedan prestar su servicio y obtener los fondos para pagarle a Cammesa. Ahora, para que puedan afrontar esa deuda, el Estado permitirá a las distribuidoras que recompongan sus márgenes dentro de los próximos tres meses. En el caso de Edenor y Edesur, que operan en Buenos Aires y el conurbano, tienen 90 días para obtener nuevos cuadros tarifarios. Se supone que deberán establecer aumentos de tarifas que les permitan pagar los costos. 

La idea de los legisladores es que las tarifas de Buenos Aires sean más parecidas a las del interior. Eso supondría que los importes de las boletas de Buenos Aires se dupliquen en relación a los actuales, para equiparar los existentes en Santa Fe y Córdoba, por ejemplo. Eso dicen fuentes del oficialismo. “Aplicar esa RTI tan rápido pareciera apuntar a una suba muy fuerte de las tarifas”, objetan. “Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires”, dice el presupuesto votado anoche. Edenor y Edesur tendrán ocho años para pagar una deuda de $ 200.000 millones. 

Y ahora recibirán una actualización tarifaria para que sus ingresos sean acordes a ese compromiso. La revisión tarifaria integral (RTI) es un proceso que tiene que ser convocado desde el regulador. En el caso de Buenos Aires y el conurbano, se trata del Enre. Este último supervisa a las empresas que están bajo su área de concesión -el Estado nacional- que son Edenor y Edesur. El proceso suele tardar entre 6 y 8 meses. Pero el Enre tendrá que implementarlo en tres meses. “Hasta que se promulga y se hacen las audiencias, llegamos a marzo”, explican en el sector.(...)