El Departamento de Justicia de Estados Unidos le notificó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York su intención de presentar un escrito amicus curiae en apoyo al Estado argentino, por la orden que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF. Ya lo había hecho en noviembre pasado, cuando el mismo tema se debatía en primera instancia.

En aquel momento, el gobierno de Joe Biden sostuvo que la orden de entregar las acciones de YPF violaba las normas de inmunidad soberana y, además, sentaba un precedente peligroso, al abrir la posibilidad de que la Argentina pudiera, eventualmente, tomar medidas similares en el futuro contra empresas o activos soberanos de EE.UU.

En ese escrito, le había solicitado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que rechazara el pedido de los demandantes. Pero la magistrada no solo desoyó ese pedido, sino que incluso lo concedió.

Por entonces, la Procuración del Tesoro había entablado contacto con el gobierno de Estados Unidos para informarle sobre el juicio y advertir sobre las consecuencias de que un juez federal estadounidense ordene el embargo de activos bajo otra jurisdicción. Las acciones de YPF en poder del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires; no corresponden a activos que coticen en Nueva York.

Ahora, nueve meses después, el gobierno de Donald Trump presentará de nuevo un respaldo al país, según confirmó el martes David E. Farber, de la oficina de fiscales de Estados Unidos.

“El nuevo escrito amicus del Departamento de Justicia debería, de mínima, reiterar argumentos que ya expresó en su escrito anterior, durante el gobierno de Joe Biden”, dijo Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.

“En ese entonces, había dicho que la orden de Preska de entregar las acciones de YPF infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos, que no les permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en los Estados Unidos, y también advirtió que podría afectar la soberanía argentina en la medida en que implicara ordenar que el Congreso argentino modifique una ley o que el Poder Ejecutivo la incumpla. La incógnita es si ahora, con Trump en el gobierno, el Departamento de Justicia va a decir algo más”, agregó.

En los procesos que se llevan adelante en Estados Unidos es habitual que distintos países presenten su opinión acerca del caso, cuando es tá involucrado un soberano como una de las partes. En la jerga legal, se llama amicus curiae (que significa “amigo de la corte”, en latín). (...)