La medida redefine el esquema de inversión para infraestructura estratégica del sistema de transporte de energía. La normativa fija que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se concreten mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales , enmarcadas en la Ley de Concesión de Obra. 

El objetivo operativo consiste en que el capital privado asuma la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones. Desde el Ejecutivo explicaron que “ este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica ”. La definición apunta a modificar la forma de financiar proyectos que demandan altos montos de inversión inicial. En la argumentación oficial también se indicó que “ el plan tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales ”. 

El foco está puesto en el transporte de energía desde los centros de generación hacia los puntos de consumo, una limitación señalada de manera recurrente por el sector. La decisión se inscribe dentro de la emergencia del Sector Energético Nacional , prorrogada hasta julio de 2026 , y responde a la necesidad de cubrir requerimientos de inversión para asegurar la continuidad del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas. En ese marco, la administración de Javier Milei sostuvo que la medida “ crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es central para la seguridad energética ”. 

El planteo oficial vincula la infraestructura eléctrica con la estabilidad del abastecimiento a usuarios e industrias. El decreto asigna a la Secretaría de Energía la ejecución integral del proceso licitatorio, que incluye la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos. El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control , con facultades de supervisión. Con este esquema, el Estado mantiene la regulación y el control, mientras que la inversión y la gestión operativa recaen en concesionarios privados. La implementación del régimen abre una nueva etapa para las obras de transporte eléctrico previstas en el plan nacional.