El proyecto, elaborado por los diputados oficialistas Marcos Cleri (Santa Fe) y Omar Félix (Mendoza), establece un marco regulatorio hasta el 2030 y reduce los cortes de gasoil con biodiesel del 10% al 5% y mantiene el corte del 12% en las naftas con bioetanol. En el marco del debate, el jueves el secretario de Energía, Darío Martínez, consideró ante el plenario de comisiones que se trata de "un proyecto muy interesante ya que enumera aspectos generales que establecen claramente al desenvolvimiento de la actividad" para tener "energías mas amigables con el medio ambiente". 

El funcionario destacó que el nuevo articulado tiene "una clara descripción técnica de los biocombustibles, el proyecto determina de manera adecuada las definiciones de los biocombustibles en general y particularmente las de biodiésel y bioetanol". En ese marco, defendió los cortes establecidos en la iniciativa de un 5% del corte entre gasoil y biodiésel y destacó que en materia de bioetanol se mantiene el corte del 12%, "pero dividido en 6% entre los producidos a base de caña de azúcar y 6% a base de maíz, que provienen de economías regionales diferentes". 

El proyecto establece que la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas". 

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras. 

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). La iniciativa en debate establece un nuevo régimen para el sector tras el vencimiento del vigente desde 2006, que venció el pasado miércoles y que fue prorrogado por dos meses por el Poder Ejecutivo, a la espera de la nueva legislación.