La convocatoria corrió por cuenta de colaboradores de Julio De Vido, pero en los hechos los verdaderos anfitriones del encuentro están alineados con el ministro de Economía, Axel Kicillof, frente a quien el santacruceño perdió la batalla por el control del área energética del Ejecutivo. El titular del Palacio de Hacienda estará flanqueado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y la flamante secretaria de Energía, Mariana Matranga, que asumió la semana pasada. Todo un gesto político: el primer acto de la funcionaria coincidirá con la presentación de los principales ejes del proyecto regulatorio que impulsan algunos funcionarios de Gobierno comandados por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini; una iniciativa con la que Daniel Cameron, el secretario saliente, no comulgaba en términos conceptuales.

Ante los representantes de las empresas petroleras -entre las que figuran PAE, Total, Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol, Sinopec, Entre Lomas y Roch-, el proyecto será presentado como una herramienta para promocionar las inversiones en el upstream de hidrocarburos en general y en los campos no convencionales de Vaca Muerta, en particular.

La norma buscará unificar a nivel nacional algunas cuestiones del marco normativo como la alícuota de regalías y el valor de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos que se paga en cada provincia. También establecer las características de una concesión no convencional en términos temporales y la metodología de licitación de áreas de exploración.

La iniciativa despierta, sin embargo, varios puntos controversiales con las provincias petroleras, que ven amenazados sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos. A partir de la Ley Corta, que materializó los designios del artículo 124 de la reforma constitucional de 1994, son titulares del petróleo y el gas que se halle en el subsuelo, así como también las autoridades de aplicación en los yacimientos.

Desde esa plataforma, varias provincias recurrieron a distintos instrumentos normativos para aumentar su participación en la renta petrolera. El más polémico fue el acarreo (carry), que permite que las petroleras provinciales –con Gas & Petróleo de Neuquén a la cabeza- se asocien con inversores privados sin desembolsar dinero en la instancia exploratoria de los campos. Desde la óptica de YPF, el mayor inversor de Neuquén, esa metodología reduce la tasa interna de retorno (TIR) de los proyectos en Vaca Muerta y por consiguiente, desalienta la inversión.

En las provincias de la Ofephi existe malestar por no haber sido convocados a la reunión de hoy en Planificación. Consideran, además, que hacer público un proyecto de ley que aún está siendo negociado no contribuirá a acelerar los tiempos de aprobación. Todo lo contrario. “Así como está redactado el borrador que estamos discutiendo con Nación, no hay chances de que sea aprobado en el Congreso”, señaló, taxativo, un representante provincial a El Inversor Online.

La intención del Gobierno es rubricar con los gobernadores un pacto federal de hidrocarburos que contenga algunas definiciones conceptuales básicas. El borrador está en poder de Zanini, que a su vez aspira a incluir un anexo con el articulado de un proyecto de ley. La versión inicial de esa norma fue redactada la semana pasada, pero aún está lejos de lo que pretenden los gobernadores de la Ofephi. Habrá que ver si la Casa Rosada consigue el respaldo político para impulsar el proyecto a pesar de esas discrepancias.

También resta saber qué rol jugará la nueva secretaria de Energía en el proceso. La funcionaria reconoció a sus íntimos que, si el país aspira a recuperar el autoabastecimiento, es necesario apelar a esquemas de rentabilidad del sector de producción, transporte y distribución de hidrocarburos a fin de mejorar las condiciones de inversión. Pensaba, incluso, en presentar esas ideas el viernes pasado, durante su asunción, pero desistió a última hora para no generar falsas expectativas en el sector.