Para el economista especializado en Energía, Argentina va a tener que encontrar la forma de desarrollar Vaca Muerta sin subsidios porque el Estado está quebrado. De traje y corbata con nudo firme, puños impecables y zapatos lustrados, el director de la carrera de Economía de la Universidad de Belgrano, Andrés Di Pelino, recibió en sus oficinas a LPO para evaluar la herencia que dejarán cuatro años de Cambiemos en materia energética y desmitificar el potencial salvador de Vaca Muerta para la economía nacional. Su currículum es extenso: economista y contador, se especializó, entre muchas otras cosas, en Administración Financiera del sector público, en Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética. 

Hizo un Máster en Energía y sigue estudiando para su Doctorado en Economía. "La mochila energética que este gobierno le heredará a quien lo suceda, incluso si es a sí mismo, es compleja y mucho más grande de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás", asegura el especialista cuyas credenciales son más que suficientes para afirmar con voz pausada que "Sin orden macroeconómico, no se puede desarrollar Vaca Muerta". 

Compleja. Creo que en 2015 nadie hubiese esperado que este gobierno le heredará a quien lo suceda, incluso si es a sí mismo, nuevos agravantes a la situación de los servicios públicos. La mochila energética que este gobierno deja mucho más grande, mucho más pesada, de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás. Pensar que en 2015 todos los candidatos suscribieron a la propuesta de los trece secretarios de Energía para salir del declive, Macri también y no lo aplicó. Se malogró la agenda de compromisos en materia energética. Es una lástima. Creo que quien sea que esté a cargo del área, debería retomar esos lineamientos y poner la Energía en servicio del crecimiento del país. La mochila energética que este gobierno deja mucho más grande, mucho más pesada, de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás. 

Creo que ni el oficialismo ni la oposición tienen correctamente dimensionada a esta mochila. Y en este sentido la intelectualidad tiene que ser escuchada. El sector energético es lo suficientemente complejo como para no poder ser manejado por ideologías. No se puede manejar la energía ni por izquierda ni derecha: hay que manejarla con la gente capacitada, con experticia. Tal vez el signo político del gobierno sea lo menos y lo más relevante sea que los que entiendan de energía sean convocados el 10 de diciembre. 

Es verdad. El gobierno no lo ha hecho público pero sí lo ha mencionado en ámbitos cerrados, con lo cual esta noticia tiene veracidad. Lopetegui, que ha dicho en varias oportunidades y públicamente que él él no es un energético y no entiende mucho del tema, está pensando en que esos marcos regulatorios de los 90, en este caso el eléctrico, requieren de modificaciones. Esto cuenta con cierta aceptación en el sector, tanto de los especialistas en energía que uno pueda consultar en la órbita nacional como también en las órbitas provinciales. Porque las provincias, que son las que en definitiva fijan tarifas en sus jurisdicciones, también están pidiendo algún aggiornamiento de la regulación nacional. 

Esto lo están pidiendo las empresas y también los usuarios. En definitiva lo están pidiendo esta altura prácticamente todos. La controversia, en todo caso, es si es alguien de afuera como una consultora internacional quien estaría mejor preparada para decirnos qué modificaciones o reformas nosotros debemos darnos en el mercado. Y nosotros entendemos que deberíamos ser nosotros mismos los que reveamos el marco legal. Porque es difícil transpolar estos modelos sacándolos de un país y aplicándolo a otro. Creo que somos los argentinos los que, después de haber recorrido un camino de cuarto de siglo prácticamente con esta legislación, los que estamos en mejores condiciones de decir qué reformas hacen falta para hacer un sistema superador del actual. 

Por otra parte, el momento o la oportunidad en términos políticos pueden ser discutibles en el sentido de si esto debiera revisarse ahora a unos pocos meses de entrar de lleno el proceso electoral, o si debió ser hecho al poco de asumir. Porque la problemática es la misma: la legislación era la misma el 10 de diciembre de 2015, y ahí es donde los especialistas alertamos sobre la necesidad de que la nueva regulación sea consensuada y una política de Estado. Luego, está el hecho de que una reforma necesita tratamiento parlamentario y en este año de parálisis legislativa con motivo de las elecciones nos preguntamos si una reforma tiene chance de pasar el filtro del Congreso. Creemos que ninguna de estas condiciones está dándose, por lo cual considero que esta reforma debería impulsarla ya directamente el próximo gobierno, el que fuere. 

Cuando Aranguren asumió el diagnóstico inicial de que bastaba con poner en plena vigencia el marco regulatorio de los 90 para volver a crecer en cantidad y calidad de los servicios. ¿Este cambio es un reconocimiento de que ese diagnóstico era erróneo?

 Yo creo que es un reconocimiento de que esa política fracasó. Y la lectura es que hay una necesidad de hacer esta reforma. En eso estaríamos todos de acuerdo. El cómo y el cuándo, podemos discutirlo. Y hoy tampoco está claro quién va a llevar loa voz cantante en esto. Acá hay otro aspecto que merece atención: la Argentina tiene problemáticas en términos de casi la totalidad de sus servicios públicos, por no decir la totalidad. O sea tenemos electricidad tenemos problemas tenemos problemas en agua, en comunicaciones, en gas, en casi la totalidad de los servicios públicos. Entonces habría que dar esa discusión integral. Y, si queremos conseguir consensos políticos el parlamento tiene que ser la caja de resonancia, sobre todos los servicios públicos y en todo caso preguntarnos: "¿Qué servicios públicos queremos los argentinos? ¿Qué calidad queremos de servicios públicos y cómo se van a pagar?" 

Acá yo siempre señaló lo siguiente: se abren cuatro alternativas -que por lo menos la dirigencia política no sé si siempre las tiene presentes- y es que se puede tener servicios públicos caros y buenos, caros y malos, baratos y buenos, o baratos y malos. Desde principio de los noventa con la sanción de estos regímenes y estos marcos regulatorios diversos -electricidad y gas, por ley del Congreso; y el resto por decreto-, Argentina en la convertibilidad logró tener servicios públicos buenos y caros con tarifas en dólares, pero con una pequeña gran aclaración que es que esa ficción que fue la convertibilidad de un peso por un dólar hacía que, en definitiva, quien pagaba sus servicios públicos los estaba pagando en pesos. (...)