El designado nuevo procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF en que se perdieron 16 mil millones de dólares. Es el juicio más grande que afronta el Estado Argentino.

El juicio aún no terminó porque el fondo buitre está buscando cómo cobrarse ese dinero y pidiendo embargos contra la Argentina y Castro Videla ahora deberá representar al estado argentino como nuevo Procurador. Este aspecto del currículum del abogado experto en derecho administrativo y egresado de la universidad Austral, abrió una polémica.

El futuro jefe de los abogados del Estado argentino pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Loretta Preska.

Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del estado.

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un intereexperto que explica los alcances de la legislación argentina. Por otra parte el Estado Argentino estuvo representado por los abogados Rafael Manóvil, Alejandro Uslenghi y Alfonso Santiago.

El ser socio de Bianchi "no inhabilita a Castro Videla a asumir el cargo tras la desprolija renuncia de Barra, pero lo obligará a abstenerse de opinar" cuando deba intervenir en ese juicio que aún está en marcha en cuando a cómo se cobrará ese fondo buitre los 16 mil millones de dólares, explicaron a Clarín altas fuentes judiciales.

De todos modos, seguramente se deberá pedir una opinión al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, sobre el régimen de incompatibilidades que establece la ley de Ética Pública.

Además, el viceprocurador, Andrés De La Cruz, del renunciante Rodolfo Barra pertenecía al estudio que defendió al Grupo Petersen de la familia Eskenazi. La causa por el ingreso del grupo Petersen a YPF con el apoyo del ex presidente Néstor Kirchner y la negativa de Cristina a pagarle el 25 por ciento de sus acciones en el 2012 cuando se reestatizó la petrolera la tiene el juez Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte .(...)