El presidente Alberto Fernández vetó este lunes a través del decreto 696/20 dos artículos de la ley de ampliación presupuesto que estaban incluidos en la versión original el propio Ejecutivo había enviado al Congreso Nacional, hace apenas dos semanas. Son los artículos 18 y 19 que contemplaban créditos para las distribuidoras eléctricas -con Edesur y Edenor a la cabeza- y que el gobierno quería utilizar para negociar la Revisión Tarifaria Integral, la deuda que mantienen con CAMMESA y las próximas inversiones. La decisión refleja, una vez más, las internas políticas y la falta de coordinación dentro del propio oficialismo.

Qué decían los artículos

El artículo 18 les reconocía a las distribuidoras créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año que debían pagar en el Mercado Eléctrico Mayorista.

A su vez, en el artículo 19 se aclaraba que esos créditos serían aplicados solo a las distribuidoras que al 20 de octubre de este año no posean deuda en el MEM o hayan adherido a un plan de refinanciación con CAMMESA.

Ese plan de pagos no debía exceder las 60 cuotas mensuales. Además, las distribuidoras tendrían 12 meses de gracia y deberían tener que pagar una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM. El texto aclaraba además que la tasa de interés diferida se aplicaría a partir del 1 de enero de 2019 para la determinación de la deuda que cada distribuidora se comprometiera a cancelar a través del plan de pagos.

A grandes rasgos, el objetivo del Ministerio de Desarrollo Productivo era utilizar ese crédito como una moneda de cambio para negociar con las distribuidoras. El plan consistía, por un lado, en que el Estado les daba un crédito a las empresas para que puedan cancelar parte de la factura de energía que compran en el mercado mayorista (MEM), pero, por el otro, les exigía que mantengan cierto nivel de pago de esa factura.

Era una manera de garantizar la cobrabilidad dentro del sistema para evitar que se disparen los subsidios al sector eléctrico. En concreto, Desarrollo Productivo buscaba que, al menos, las empresas se comprometan a pagar un 70% de la factura mensual que deben abonarle a Cammesa.

A partir de los artículos que ahora derogó el Presidente, a las compañías que tienen deuda con CAMMESA se les pensaba ofrecer un plan de pagos y, de acuerdo a cómo avance la negociación, podrían imputar ese crédito como Valor Agregado de Distribución (VAD) atrasado. Por otra parte, las empresas que no tienen deuda con CAMMESA también podrían imputar ese crédito a VAD atrasado que podrían cobrarse dejando de pagarle a CAMMESA.

De ese modo, se sumaba la RTI a la mesa de negociación para intentar alcanzar un acuerdo sobre la recomposición atrasada que reclaman las empresas. El problema es que esa estrategia chocaba con el plan del kirchnerismo, diseñado por el ENRE, que directamente solicitó la anulación de la RTI (...)