El acuerdo con Repsol por el 51% del paquete accionario de YPF solucionó uno de los principales frentes externos del gobierno nacional, pero podría abrir un nuevo diferendo a nivel doméstico. El optimismo que los gobernadores petroleros transmitieron por la medida y la expectativa por su futura participación en la petrolera de bandera esconden un temor que varios de ellos expresaron por lo bajo en distintos foros: las condiciones para la cesión de acciones.

Nadie sabe con certeza cómo se hará el traspaso del 24,99% del paquete que corresponde a los distritos petroleros. De ellos, Neuquén será el principal beneficiario, con un 10,3%. Del tema comenzará a hablarse recién cuando el trámite expropiatorio esté concluido.

De hecho, no se sabe cuál será el mecanismo de pago de la participación que la Casa Rosada transferirá a las provincias. Por estas horas la versión más consistente es que se repagarán con el giro o la reinversión de dividendos.

Pero el tema que preocupa a los gobernadores es una frase del convenio que firmaron en agosto del 2012 con la Nación, mediante el cual validaron la política de expropiación de YPF. Lo hicieron tras un acto en la refinería de YPF en Ensenada, donde además validaron el decreto 1277, que abrió un debate acerca de la injerencia federal en el manejo de los hidrocarburos, algo reglado por la Ley Corta.

En el artículo tercero, donde se fijan algunas de las concesiones de cesión de las acciones, se aclara que se firmarán acuerdos con cada una de las provincias donde "se reglarán cuestiones tales como la reversión de áreas, la renovación de concesiones, el otorgamiento de nuevas áreas, el establecimiento para la compañía de la primera opción en bloques de exploración revertidos a otras operadoras y en nuevos bloques, así como las condiciones para la exploración y explotación de nuevos bloques con reservas no convencionales".

La referencia es vaga, pero se inclina a obtener una suerte de "opción de preferencia" para YPF en el mercado petrolero. Lo hace, sin embargo, en temas que son potestad exclusiva de las provincias. Para poner un ejemplo, Neuquén decidió como política otorgar a la empresa provincial GyP todas las áreas revertidas, con lo cual cumplir con esa cláusula será complicado.

En el fondo, se anota una cuestión más política que técnica. Porque los gobernadores deben lidiar ahora no sólo con la empresa petrolera más grande del país, sino con el gobierno nacional, que está detrás. De todas formas, pueden optar por no acceder a las acciones, lo que al fin y al cabo les otorga cierto poder a la hora de negociar, ya que un fracaso en la cesión de acciones atentaría contra el mensaje de federalismo petrolero que propugna el gobierno nacional.