Pero el incremento del precio de la divisa sí implica un retraso tarifario mayor al que calculaban hasta hace una semana, síntoma de inflación reprimida.

La propia lógica del sector es que los servicios públicos están regulados y los precios de los combustibles, pese a haber sido “libres” desde 2017, siempre tienen algún grado de intervención del Gobierno. Es por esto que, a diferencia de otros rubros que también tienen costos en dólares, no pueden ajustar o cubrirse a un tipo de cambio superior al oficial.

Hasta la semana pasada, con la moneda norteamericana cotizando a menos de $ 60, el atraso en el precio de los combustibles rondaba el 17%. La paridad de importación, ahora, sería un 20% mayor, aunque las petroleras no esperan trasladarlo de una sola vez una vez que se termine el congelamiento, el 13 de noviembre. Más bien, como suelen repetir, aplicarán pequeñas dosis de subas hasta que la demanda lo resista. En agosto, por caso, cayó por primera vez en este ciclo el consumo de nafta súper.

El pedido de amparo e inconstitucionalidad del congelamiento que presentó la Cámara Argentina de la Energía (CADE), indicaron en el sector, fue más para presionar para que no se extiendan los efectos del DNU 566/2019 que para lograr libertad para aumentar en los próximos días. La CADE se formó este año y está integrada por YPF, PAE, Shell, Raízen, ExxonMobil, Total Austral y Pluspetrol.

Los biocombustibles, que forman parte en un 10% del precio de las naftas, también tienen un atraso cercano al 15% o 20%, pero por ser un sector regulado difícilmente puedan recuperar el incremento en los costos, advirtieron desde una empresa.

Por el lado de las tarifas de gas, un trabajo de Nicolás Arceo, ex gerente de Finanzas de YPF entre 2012 y 2015, que ahora tiene la consultora Economía y Energía, reveló que para mantener constantes los precios mayoristas del gas y retribuir tal como está previsto en la RTI a las distribuidoras, en 2020 el aumento de las tarifas debería estar en torno al 65%, un escenario improbable.

Las gasíferas argumentan que el retraso tarifario ya se acumula desde octubre del año pasado, cuando el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) les bajó 10 puntos porcentuales su recomposición de ingresos (les otorgó 20% frente aun 30% de inflación mayorista). Habilitadas a postergar sus inversiones por el congelamiento, las empresas también pararán obras de extensión de redes.