El Gobierno admitió la semana pasada mediante una resolución oficial que Bolivia no garantiza el envío de gas natural el próximo invierno, algo que hasta el momento solo era un trascendido en el sector energético, a partir de las negociaciones que mantienen Energía Argentina (Enarsa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para firmar una nueva adenda al contrato de importaciones que regirá en 2024. Esa es la razón principal por la que se quiere acelerar la reversión del Gasoducto Norte, pues está en riesgo el abastecimiento de gas y de energía eléctrica en las provincias del norte del país.

La crítica situación del abastecimiento de gas fue reconocida en los considerandos de la resolución 606/2023 de la Secretaría de Energía, publicada el jueves pasado, que habilitó el uso de fondos de exportaciones eléctricas para financiar el “reversal” del Norte. 

En esa norma se señala como fundamento que YPFB “informó y notificó formalmente a Enarsa que a partir del 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad”.