El escándalo involucra al ministero de Planificación nacional, Julio de Vido, y al ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pero también salpica al gobierno de Peralta ante las denuncias de la oposición liderada por el diputado nacional Eduardo Costa (UCR).

Según contó Clarín días atrás, British Petroleum, firma británica, se habría autodenunciado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, y desde entonces se investigan posibles irregularidades en la negociación del yacimiento Cerro Dragón, uno de los más importantes de Argentina, sobre el cual PAE a cargo del área petrolera, obtuvo una prórroga por 40 años. Dicho yacimiento es compartido con Santa Cruz.

La primera presentación de la oposición es ante la Fiscalía de Estado, con la firma del apoderado de cada partido que integra el frente electoral (UCR, ARI, Encuentro Ciudadano, Socialismo).  “De no proceder con nuestro pedido, iremos a la Justicia para que se investigue y juzgue a los responsable de hacer negociados con los recursos de la Provincia”, indicó Costa a Clarín.

Además, planteó que “el reconocimiento por parte de la compañía del pago de los sobornos es una confirmación a lo que ya habíamos denunciado y demuestra la connivencia entre los funcionarios y las empresas trasnacionales”.

El acuerdo a favor de PAE por 40 años y aprobado una década antes del vencimiento de la concesión que ya tenía sobre las áreas, se realizó gracias al acompañamiento de 20 diputados kirchnerista de la Legislatura de Santa Cruz. “Hay que investigar quiénes cobraron las coimas y los diputados responsables de ese acuerdo que en nada benefició a la provincia” sostuvieron desde Unión para Vivir mejor.

El contrato ingresó a la Cámara en la época del gobernador Carlos Sancho, y otorgó a la operadora una prórroga que vencerá en 2047. Sobre el yacimiento Cerro Dragón (yacimiento compartido con Chubut) PAE se comprometió a realizar inversiones por US$ 3.000 millones, de los que US$ 800 millones serían en la parte de la concesión que recae en Santa Cruz.

En 2007-2008 habían presentados denuncias sobre el acuerdo que la Provincia aprobó a favor de PAE calificándolo de “sospechoso” y de haber sido “arreglado un año antes con autoridades nacionales”.