Los detalles de la crítica situación El largo congelamiento de las tarifas que ya llega más de dos años y medio, sumado a las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria del Covid-19 pegaron fuerte en la principal distribuidora de gas de la Argentina. 

Es decir, en Metrogas, que en los últimos nueve meses acumuló la mayor pérdida en términos nominales desde que fue creada en 1992, tras el proceso de privatización de los servicios públicos ordenado por el entonces gobierno de Carlos Menem. La empresa, que hoy es propiedad de YPF, acaba de enviar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el balance correspondiente a los primeros nueve meses del 2020, que arroja un rojo de $7398 millones. Con semejante nivel de caída y si las actuales condiciones de tarifas congeladas se mantiene por otros períodos es más que probable que la compañía se encamine a transitar un camino de mayor inestabilidad financiera que podría derivar en que ingrese a una situación que ya atravesó años atrás. 

Es decir, al concurso preventivo de acreedores, del que logró salir en noviembre del 2013, después de que la Justicia homologó un plan de reestructuración de una deuda que por ese entonces ascendía a u$s20 millones, algo así como $1500 millones a la cotización actual del tipo de cambio oficial. La compañía había solicitado el proceso concursal en el 2010 ante la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento de deuda por esos u$s20 millones que fueron renegociados a través del pago de los créditos verificados mediante la entrega de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento el 31 de diciembre de 2018, nominadas en dólares. 

Ahora, el fantasma del default vuelve a sobrevolar sobre la compañía que le brinda servicios a más de 2,5 millones de clientes dentro de Capital Federal y el conurbano. No sólo el congelamiento de las tarifas impuesto durante la gestión de Mauricio Macri en el 2018, y continuado por el presidente Alberto Fernández incide en la debacle de Metrogas. También lo hacen medidas tomadas por las autoridades durante este contexto de combate contra el coronavirus como la imposibilidad de cortar el servicio a deudores morosos, lo que hizo que los índices de cobrabilidad durante los primeros meses de este año se cayeran al 35% del habitual 95%. 

Esta imposibilidad de disponer la suspensión o el corte del servicio público a ciertos usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas con vencimientos desde el 1° de marzo en un principio se extendió por 180 días. Pero en septiembre, el Gobierno prorrogó la medida hasta el 31 de diciembre próximo. El combo explosivo suma la decisión de la compañía de utilizar los pocos ingresos de caja para el pago de salarios y no para cancelar deuda con sus proveedores, en especial con las empresas productoras de gas. "No hay dinero", dicen en la empresa en donde, de todos modos, rechazan la posibilidad de volver a solicitar un concurso preventivo de acreedores y se mantienen optimistas de que el Gobierno descongelará las tarifas o, en su defecto, encarará un rescate financiero de Metrogas. El congelamiento de tarifas complicó los números de la empresa. 

La llegada del verano es otro factor que impone optimismo, si se tiene en cuenta que con el calor disminuye el consumo de gas en los hogares y en las empresas generando ciertos ahorros para la distribuidora. Metrogas fue afectada por la declaración, el 23 de diciembre del 2019, de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social que delegó en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre próximo las facultades de mantener las tarifas de electricidad y gas natural sin cambios. 

De hecho, también Edesur y Edenor acaban de publicar sus balances correspodientes a los primeros nueve meses de año con fuertes pérdidas conjuntas por algo más de $5300 millones, causadas por los mismos motivos que llevan a Metrogas al borde de la cesación de pagos. La Resolución también permite a las autoridades nacionales a renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente y por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaría real sobre los hogares, comercios e industrias para este año. (...)