La privatización de dos centrales eléctricas que están en manos del Estado ingresó en la recta final con dos únicos candidatos que pelean por los activos. Se trata de Central Puerto, la segunda empresa del mercado de generación eléctrica, la única que realizó una oferta para quedarse con la usina Brigadier López, al sur de Santa Fe. Puerto, que es propiedad de un holding de empresarios locales como Guillermo Reca, Eduardo Eskasany y Nicolás Caputo, compite también por la central Ensenada Barragán. En este caso con YPF, la petrolera bajo control estatal que creó una subsidiaria —YPF Luz– para crecer en el mercado de electricidad. Así lo confirmaron tres ejecutivos sin contacto entre sí.

IEASA, el nombre con el que la administración de Cambiemos rebautizó a Enarsa, la empresa estatal de energía creada en 2004 por Néstor Kirchner, recibió la semana pasada las propuestas técnico-económicas por las centrales. La meta es recaudar un monto neto —posterior al pago de una deuda con la Anses— cercano a los US$ 400 millones para el Tesoro. Hasta pocos días antes de la presentación de ofertas, el Estado proyectaba un proceso con más jugadores. “Se esperaban dos o tres ofertas más, porque algunos fondos compraron el pliego y realizaron consultas”, indicaron allegados a la empresa que preside Mario DellAqua.

De no mediar complicaciones —el 7 de febrero se realizará una pre-calificación después de evaluar los antecedentes financieros y bancarios de los oferentes—, la compulsa parece definida en el caso de Brigadier López, una usina de median envergadura de 280 megawatt (Mw). Central Puerto se quedará con la planta santafesina por ser la única interesada.

Fuentes cercanas a la empresa negaron que Caputo, amigo de extrema confianza del presidente Mauricio Macri, tenga una rol relevante en el día a día de la compañía. “Su porcentaje accionario es del 4%. Ni siquiera estamos obligados a informarlo a la Bolsa porque posee menos del 5%. El Estado tiene más presencia a través de la ANSES”, explicaron ante la consulta de este medio.

La oferta de Central Puerto, cuyo presidente es Guillermo Reca, un ex Citybank que cultiva un bajísimo perfil y evita casi toda exposición pública, prevé el pago en efectivo de unos US$ 150 millones. Además, deberá inyectar capital para cancelar parte de una deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que financió la construcción de la planta en 2014. Podrá utilizar, con ese objeto, acreencias a su favor que están certificadas por un pasivo histórico que el Estado acumuló con las generadoras durante el gobierno anterior. (...)