Para reactivar la llegada de desembolsos al Mar Argentino (en la última década sólo se concretó un puñado de emprendimientos, todos con resultados negativos), el proyecto de ley redactado por el Gobierno -que debe ser avalado por los gobernadores que integran la Ofephi y luego sancionado en el Congreso- fija que las compañías que inviertan en el mar podrán disponer libremente de un 60% de los hidrocarburos que extraigan de esos  pozos.

En los hechos, la medida habilita a los privados a enviar hasta un 60% de sus utilidades fuera del país, una práctica normal en la industria global pero que para la coyuntura argentina -por el cepo cambiario, la repatriación de capitales es limitada por el Ejecutivo- implica una cambio importante.

La iniciativa avalada por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, cuenta con el respaldo de Miguel Galuccio, presidente de YPF, que en rigor es uno de sus ideólogo, y fue presentada en sociedad al resto de las petroleras en una reunión realizada el viernes en el Ministerio de Planificación. De la cita participaron, además, el anfitrión Julio De Vido; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la flamante secretaria de Energía, Mariana Matranga.

Desde 2004, a partir de la creación de Enarsa, el manejo de las áreas offshore en la plataforma continental argentina está en manos de la empresa estatal de energía. Sin embargo, en más de 10 años, la compañía no logró perforar ningún pozo en el mar, por lo que el Gobierno está revisando el esquema para atraer inversores a ese segmento.

Además de apuntalar el desarrollo de formaciones shale (no convencionales) y offshore, la norma promovida por el Ejecutivo establece también beneficios para las operadoras que exploten yacimientos de crudo ultra pesado, tal como se conoce en la industria al petróleo con menos de 13 grados API, cuya extracción es más costosa porque exigen la aplicación de soluciones térmicas en los campos.

Para ese tipo de reservorios, el proyecto de ley contempla una reducción del 50% de las regalías que perciben las provincias, a fin de garantizar la rentabilidad de los proyectos.