El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentará al presidente Alberto Fernández en diez días un primer informe sobre la auditoría que viene realizando sobre el cuadro tarifario del gas, para el caso de cuatro distribuidoras encargadas de llevar el servicio a diferentes puntos del país. Se trata de un primer capítulo de ese informe sobre la revisión integral, algo que sigue de cerca empresas productoras y el sector petrolero y energético en general, ya que podría ser un parámetro que fijará condiciones para el futuro del sector. 

Bernal también fijó postura sobre el impacto y las eventuales decisiones políticas que viene motivando parte de su tarea. Confirmó que trabaja en una esquema de subsidios a la demanda de los consumidores, al mismo tiempo que el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas negociaba pagos a las productoras por deudas atrasadas, como una señal a la discusión de un plan estímulo para la producción. 

"Se me atribuye a mí que estoy presentando un esquema de subsidio a la demanda de los consumidores para los meses más fríos del año, en detrimento de la negociación que se puso en marcha con las productoras. Yo jamás afirmé eso. No sé de donde va a salir esa plata; ni siquiera estoy diciendo que hay que sacar fondos que iban a un sector y dárselos a otros. Lo que sí se es que hay una necesidad muy grande de sectores de la población y en función de eso presenté un proyecto que podría atender esa situación. Pero claramente es una decisión del Poder Ejecutivo", sostuvo Bernal. 

El interventor del Enargas viene tomando un rol notorio desde un lugar álgido: el debate del frente tarifario, un parámetro central que miden las productoras para calibrar qué será del reino de lo posible en materia de inversiones en el país. Bernal plasmó públicamente sus severas divergencias respecto de la situación tarifaria que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macro. De hecho, denunció al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles", en relación a los contratos que fijaron el precio del gas y las tarifas para los usuarios en 2018. 

La situación sumó otro ingrediente adicional la semana pasado: el Senado, a instancias del kirchnerismo, no convalidó un decreto de necesidad y urgencia de la gestión de Cambiemos, que reconocía pagos millonarios a las productoras. Es parte de un contexto que recibió la actual gestión del gobierno nacional. Kulfas había definido continuar con el plan de pago en cuotas, como una señal previa en la antesala de un posible acuerdo por el Plan Gas 4, que busca negociar un precio compatible para la producción de gas. Así se busca garantizar el abastecimiento del 2021 y evitar el giro de dólares al exterior con importaciones. Por eso es central para conocer qué tipo de actividad podría tener Vaca Muerta y otras cuencas productoras rumbo al año que viene. 

La pregunta que cruza a toda la situación desde entonces es cómo el Estado podría asumir ambos frentes: los pagos adeudados a productoras de gas y la contribución a amplios sectores de la población en medio del invierno. "No son cuestiones contrapuestas; en última instancia se trata de definiciones del Poder Ejecutivo", explicó Bernal su posición, ante lo que podría verse como medidas que van en sentido contrario. (...)