Con esa promesa se fueron ambos de Buenos Aires, tras varias reuniones con altos funcionarios nacionales. De todas esas exigencias, la que mayores trabas pone a una posible redacción de consenso es el control sobre las licitaciones de yacimientos, que las provincias quieren mantener en exclusividad, así como piden participación definitiva en el diseño del pliego “modelo” que busca crear la nueva reglamentación. Tras largas semanas de tensión, a los gobernadores “rebeldes” les llegó algo de tranquilidad, cuando tanto Sapag como Buzzi fueron convocados desde el Poder Ejecutivo para reabrir la negociación. “Pasaron de decir que la ley no se tocaba a recibir a los gobernadores y confirmar que iban a hacer cambios”, blanqueó un importante funcionario provincial, partícipe activo de las conversaciones.

LETRA CHICA

El sistema de “carry” (asociarse con privados a través de sus empresas estatales para tener doble captación de renta, por regalías y como socias del yacimiento) utilizado por algunas provincias, que asomaba como una traba central, pasó ahora a un segundo plano. Lo que más preocupa a los gobernadores es el diseño del “pliego modelo” al que las provincias deberán limitarse para sus licitaciones.

Según el borrador de Galuccio, ese pliego se intentará consensuar con las provincias, pero será finalmente aprobado por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía. “El carry no es lo central sino definir el pliego de licitación y definir quién licita y quién aprueba, si Nación o las provincias –explicó una fuente de la negociación–. Porque si tenés el control de la licitación, la provincia licita sólo el 90% del yacimiento y deja el 10% para su empresa provincial y listo”.

Otro punto central son las condiciones de extensión de contratos. El Gobierno nacional ya había avalado la posibilidad de subir regalías cuando un operador solicita extender su permiso de explotación –subía el tope de 12% a 15%–. Pero las provincias exigen que también se les pueda cobrar un canon de ingreso, atado a las reservas probadas o tomando un porcentaje de la inversión inicial.

Hay otros dos aspectos clave a modificar del borrador que transita hace varios días por el ámbito petrolero. Uno, es que las provincias no permitirán que la Nación se quede con la potestad de bajar el porcentaje de regalías hasta 5% dependiendo de la rentabilidad y el nivel de producción de un yacimiento; otro, es que la redacción del borrador deja entrever que un concesionario, siempre que haya cumplido con su plan inicial, queda prácticamente en condiciones de extender su concesión a voluntad. Lo que intentarán es que los concesionarios entreguen un nuevo plan de inversión, a través de un proyecto piloto, pero que sean los gobiernos los que definan si la concesión se extiende o no.

NUEVO GESTO DE GOBERNADORES

Esta reacción del Gobierno empieza a tener su respuesta en los gobernadores. Mientras Buzzi cambió el tono enérgico contra la propuesta nacional a uno mucho más ameno, Sapag bendijo el reciente acuerdo entre YPF y Petronas para operar en La Amarga Chica, un yacimiento no convencional en la cuenca Vaca Muerta.

En simultáneo, los otros dos mandatarios que resisten el plan Galuccio también dieron sus señales: por un lado, Alberto Weretilneck (Río Negro), enfrentado con el kirchnerismo rionegrino y con un pie y medio en el massismo, ordenó a dos diputados nacionales acompañar los proyectos del oficialismo de deuda soberana y de Defensa del Consumidor, mientras que Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) firmó una moratoria que beneficia directamente a YPF, empresa de control estatal a la que el mes pasado la Corte Suprema le rechazó un recurso y la intimó a que le pague al fisco mendocino una deuda en torno a los 150 millones de pesos, cifra que, sin la moratoria anunciada por Pérez, engordaría considerablemente.