
La estatizaci贸n de YPF impulsada por el kirchnerismo sigue dejando secuelas. La Corte Suprema de los EE.UU. fallar谩 de manera inminente en una demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiaci贸n de la petrolera que puede costarle al pa铆s US$3000 millones.
El fallo se conocer谩 a 煤ltima hora de hoy o el lunes y tiene tres posibles resoluciones. La Corte 鈥搎ue tiene nuevos integrantes鈥 puede aceptar la apelaci贸n del gobierno argentino, rechazarla o pedir opini贸n al Departamento de Estado norteamericano. Las autoridades argentinas apuestan a esta 煤ltima pero dif铆cil opci贸n, ya que la administraci贸n republicana 鈥渁portar铆a un buena opini贸n鈥 a la Corte para aceptar los argumentos criollos.
驴Cu谩les son esos razonamientos? Que para la estatizaci贸n rige la ley de inmunidad soberana y por lo tanto no viol贸 las leyes de oferta p煤blica en los EE.UU., como remarcan los demandantes. Esta opci贸n obligar铆a al fondo Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos. Sobre ese argumento, no hay buenos precedentes: la Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los 煤ltimos a帽os, uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska (reemplazante de Thomas Griesa) y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las posibilidades de que la Corte Suprema de los EE.UU. trate el caso son relativamente bajas. Aquellos que conocen el traj铆n de ese tribunal entienden que el 90% de los casos que toma son acerca de la pena de muerte. El otro 10% es una loter铆a. Sin embargo, desde el Gobierno marcan que las disidencias entre circuitos (las c谩maras de Nueva York y Washington) acerca de la argumentaci贸n sobre la ley de inmunidad soberana pueden impulsar al m谩ximo tribunal a tomar el caso. Incluso algunos especialistas estadounidenses que siguen de cerca los pasos de esos magistrados remarcaron en las 煤ltimas semanas esta posibilidad. Otros no.
Si la Corte Suprema de EE.UU. rechaza la argumentaci贸n argentina, el caso volver谩 a primera instancia. El tribunal de Preska deber谩 abrir un juicio, que puede tardar unos tres a帽os y que puede costarle a la Argentina US$3000 millones. Pero esta posibilidad abrir铆a adem谩s lo que se conoce en la Justicia norteamericana como un discovery process. Es una 鈥渃aja de Pandora鈥 que obligar铆a a investigar a los due帽os del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y deshilachar c贸mo fue el camino financiero que recorri贸 la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, de la expropiaci贸n y del buitre que inici贸 la demanda.
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo lleg贸 a manejar el 25% de YPF, siempre destac贸 que no ten铆a nada que ver con los buitres de Burford Capital. 鈥淓l Grupo Petersen est谩 al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se est茅 desarrollando en la Argentina o en el exterior鈥, se帽al贸 a trav茅s de un comunicado cuando se conoci贸 el juicio.
Aleg贸 entonces que el ingreso de Burford lo defini贸 la Justicia espa帽ola en el proceso de quiebra de sus compa帽铆as residuales. El grupo de la familia Eskenazi manej贸 YPF a trav茅s de dos sociedades espa帽olas, a su vez controladas por una australiana. Tras la estatizaci贸n, cuando el flujo de dividendos dej贸 de llegar, estas sociedades pidieron la quiebra, que fue comprada en un porcentaje por los buitres.
Sin embargo, en los papeles, la demanda fue iniciada por las firmas espa帽olas Petersen Energ铆a Inversora y Petersen Energ铆a, que la familia Eskenazi constituy贸 para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatizaci贸n de YPF viol贸 las leyes de oferta p煤blica estadounidense. La Argentina dice que fue una decisi贸n soberana y que no deb铆a seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.
El juicio tiene una r茅plica dom茅stica, en la que Elisa Carri贸 pidi贸 investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. Lo cierto es que luego de que Cristina Kirchner compensara a YPF con US$5000 millones por la estatizaci贸n de YPF, ese costo podr铆a subir unos US$3000 millones m谩s.
Fuente: La Naci贸n
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