El director io del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una garantía de inversión por u$s 200 millones con un plazo de 25 años para "aumentar la capacidad de transmisión eléctrica en Argentina y mejorar el abastecimiento de electricidad".

Según detalló el organismo, la operación respaldará los proyectos AMBA 1 y Puerto Madryn-Choele, Choel-Bahía Blanca, "dos obras estratégicas para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) del país".

La garantía del BID era un paso necesario para avanzar con el proyecto AMBA I, una obra de alrededor de u$s 800 millones con el que el Gobierno busca resolver la falta de capacidad de transporte en alta tensión, el principal cuello de botella del sistema eléctrico y una de las causas de los apagones de verano en la zona con mayor densidad poblacional del país.

El instrumento de garantía está diseñado para cubrir hasta seis meses consecutivos de remuneración frente a eventuales demoras en la liquidación de fondos.

Con la garantía aprobada, el proceso licitatorio entra en su fase definitoria. El llamado fue publicado en agosto de 2026, el cierre de consultas se fijó para el 10 noviembre y la apertura del primer sobre, de calificación técnica-financiera será el 10 de diciembre próximo.

"La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para a traer capital privado a la infraestructura eléctrica", celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.

AMBA I es la obra de expansión del sistema de energía eléctrica más relevante en décadas. Su objetivo es reforzar la red de alta tensión que abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires y reconectar el flujo eléctrico proveniente de las regiones productoras del interior.

Consiste en la construcción de la nueva Estación Transformadora Plomer 500/220/132 kv, ubicado en el partido de General Rodríguez y la ejecución o adecuación de líneas de transmisión de alta tensión asociadas para vincularla con nodos clave como Ezeiza, Atucha II, General Rodríguez, 25 de Mayo, Zappalorto, Luján y Mercedes.

Por primera vez en la historia del transporte eléctrico argentino, la ampliación se ejecuta bajo el régimen de Concesión de Obra Pública a título gratuito, un instrumento previsto por la legislación argentina desde hace dé cadas.

Bajo este modelo, el esquema no requiere erogaciones del Tesoro Nacional. La arquitectura de financiamiento se apoya en tres pilares: un repago vía tarifa COP a usuarios beneficiarios durante un máximo de 7 años por etapa; la retribución tarifaria que percibe el concesionario en su rol de transportista independiente por 15 años, y un aporte financiero no reembolsable de CAMMESA de hasta u$s 55 millones para mitigar cuellos de botella iniciales.