Además, casi todos los días surge una nueva barrera tecnológica que deben superar para extraer nuevos recursos y, hasta cuando los gobiernos le dan la bienvenida al desarrollo, muchos nuevos proyectos están situados en lugares cada vez más distantes y ambientalmente frágiles. Compañías y gobiernos en países tan alejados entre sí como India, Indonesia y Bolivia han tenido que enfrentar el problema, pero la nación en la que ahora se siente de manera más aguda es Perú. Tras 11 días de protestas contra un proyecto minero para extraer oro en Cajamarca, el presidente Ollanta Humala declaró el domingo el estado de emergencia y envió el Ejército para restaurar el orden.

La forma en que se resuelve esta situación tendrá amplias consecuencias ya que, además de ser el sexto productor mundial de oro, Perú es también el segundo productor de plata, cobre y zinc. Si las cosas se complican, quedarían en riesgo inversiones por valor de cerca de u$s 42.000 millones. Dado que se esperaba que el país fuera un baluarte en la oferta global de metales en los próximos cinco años, esta pérdida sería difícil de compensar. También Humala tiene mucho en juego. Cuando este coronel izquierdista ganó las elecciones, en junio pasado, hubo una corrida vendedora récord en la bolsa de Lima porque se temía que adoptara una postura similar a la de Chávez con respecto a las empresas.

Sin embargo, desde entonces el mandatario ha buscado equilibrar el desarrollo económico con inclusión social: renunció a cobrarle mayores impuestos a las mineras pero prometió consultar a las comunidades sobre los proyectos que las afectan. Esto es lo correcto pero, en realidad, Humala tuvo pocas opciones: la producción económica peruana está dominada por la minería y el presidente necesita las regalías para financiar sus ambiciosos programas sociales. La implementación, sin embargo, será difícil. Las instituciones de Perú son débiles y el Ministerio de Medio Ambiente carece de la fuerza para controlar a las mineras.

En las regiones remotas donde muchos de los proyectos están situados, es posible que el Estado esté ausente. Además, los derechos de propiedad suelen ser poco claros, lo que dificulta consultar a los propietarios. Calmar el temor local a sufrir explotación y perjuicios requerirá que el gobierno y las compañías mineras trabajen juntos. Seguramente, en el caso de algunas de las preocupaciones de índole práctica se podrá tranquilizar a la gente, ya que las empresas de minería ya no arruinan rutinariamente el medio ambiente en el que trabajan. Pero las compañías también deben encontrar la manera de comunicarse con las comunidades locales y convencerlas de que el proyecto será temporario y para beneficios de todos.

Fuente: El Cronista

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