Los magistrados citaron al mandatario juje帽o para el 28 de marzo pr贸ximo a las 10, cuando tambi茅n se escuchar谩 el reclamo de m谩s de 30 comunidades originarias que presentaron una acci贸n de amparo. La medida judicial tambi茅n alcanza al gobierno de Salta y al Estado nacional. Las poblaciones ind铆genas expresaron en la presentaci贸n judicial "sus derechos de participaci贸n y consulta" sobre programas de "explotaci贸n de los recursos naturales existentes en sus territorios". Espec铆ficamente, solicitaron ser informadas acerca del proyecto de extracci贸n de litio y borato en la regi贸n de la subcuenca Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes.

Seg煤n el recurso, los pobladores originarios "viven desde tiempo inmemorial en la zona" y "las salinas constituyen un ecosistema 煤nico que se encuentra dentro de sus propios territorios". Las comunidades ind铆genas pidieron que el gobierno provincial se abstenga "de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploraci贸n y explotaci贸n minera", especialmente las referidas a litio y borato, "como tambi茅n que se suspenda la ejecuci贸n de los permisos ya otorgados". En un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, la Corte Suprema entendi贸 que le corresponde controlar "las actividades de otros poderes del Estado".

Por lo tanto, debe "buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que 茅stos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector". La presentaci贸n legal fue realizada en nombre de las comunidades originarias de Santuario Tres Pozos, San Francisco de Alfarcito, Distrito de San Miguel de Colorados, Aguas Blancas, Sianzo, Rinconadilla y Lipan, entre otras. Adem谩s, intervienen como "Amicus curiae" (amigos del tribunal) el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo P茅rez Esquivel, y la Fundaci贸n Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El 4 de diciembre pasado los representantes de las comunidades originarias que recurrieron a la Justicia plantearon la situaci贸n al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situaci贸n de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Ind铆genas, James Anaya. Julio Valdiviezo, de la comunidad de Colorados, se帽al贸 al funcionario que el rechazo a la miner铆a se funda en que "va a perjudicar las napas fre谩ticas de agua dulce" utilizadas por los pobladores que se desempe帽an en la producci贸n agr铆cola-ganadera. D铆as despu茅s, en un informe preliminar, Anaya opin贸 que el gobierno nacional y las provincias deben dar "prioridad" a las comunidades que sufren una realidad de "inseguridad jur铆dica" y la "contaminaci贸n" causada por "emprendimientos extractivos".

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