El secretario de Energ铆a, Daniel Cameron, fue procesado por la Justicia por no controlar entre 1995 y 2000 a la empresa concesionaria de la mina carbon铆fera de R铆o Turbio, en Santa Cruz, y permitir as铆 un perjuicio para el Estado de $ 37.280.000. En 2004 una explosi贸n en la mina mat贸 a 14 obreros.

El descontrol que imper贸 all铆 permiti贸 en esos cinco a帽os el desv铆o de parte de los US$ 22,5 millones anuales de subsidios, la transferencia de un buque sin permiso y la compra de dos maquinarias a gas por casi $ 6 millones, cuando en la zona no hab铆a ese combustible. Cameron, que sigue en funciones y depende del ministro de Planificaci贸n, Julio De Vido, es uno de los pocos funcionarios procesados mientras ocupan su cargo.

Se encuentran en su misma situaci贸n y camino a diversos juicios orales los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime -procesado por recibir d谩divas y por la tragedia de Once- y Juan Pablo Schiavi, y el ex subsecretario de Transporte Antonio Luna -procesados por la tragedia de Once-, entre otros ex funcionarios.

El procesamiento de Cameron fue dispuesto por el juez federal Sergio Torres, quien ya hab铆a procesado al concesionario de la mina, el empresario Sergio Taselli, por fraude a la administraci贸n p煤blica, y lo hab铆a embargado por $ 45 millones. Al confirmar el procesamiento, la C谩mara Federal orden贸 investigar a los funcionarios que no controlaron. El fiscal Federico Delgado pidi贸 elevar el caso a juicio.

El juez advirti贸 que seguir谩 investigando a los funcionarios hacia arriba. Entre 1995 y 2000 los secretarios de Energ铆a fueron Alfredo Mirkin, C茅sar Mac Karthy y Daniel Gustavo Montamat. El ministro del 谩rea siempre fue De Vido. Cameron fue procesado por no controlar entre 1995 y 2000 a la empresa concesionaria de la mina cuando presid铆a la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n y permitir un perjuicio para el Estado de $ 37.280.000.

Torres proces贸 junto con Cameron, tambi茅n por violaci贸n de sus deberes como funcionario, a Jorge Enrich Balada, representante en la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n por la Secretar铆a de Energ铆a entre 1997 y 2000. El delito se castiga con hasta dos a帽os de prisi贸n. Pero sobresey贸 a los ex funcionarios Eduardo S枚rensen, Enrique Campa帽a y Fernando Malvasio. Pero el fiscal Delgado apel贸 ayer el fallo de Torres y reclam贸 que todos sean procesados por fraude a la administraci贸n p煤blica, un delito m谩s grave que el que eligi贸 Torres, penado con hasta seis a帽os de c谩rcel.

El fiscal entendi贸 que "fueron c贸mplices de Tasselli & C铆a". Adem谩s, a帽adi贸 que "alguno de ellos [por los funcionarios] haya formado m谩s o menos expedientes, llenado m谩s o menos formularios, confeccionado m谩s o menos informes, no alter贸 el devenir de la defraudaci贸n", dijo. "El concesionario hizo cuanto quiso, no cumpli贸 con las pautas del contrato y pese a ello el Estado inyect贸 fondos que fueron prolijamente sustra铆dos con la connivencia de quienes deb铆an controlar", asegur贸 el acusador.

La mina de R铆o Turbo fue privatizada en 1994 y el contrato se rescindi贸 en 2002, cuando la empresa se present贸 en concurso. En 2004 ocurri贸 una explosi贸n que termin贸 con la vida de 14 mineros. La encargada de controlar la mina era la Comisi贸n Fiscalizadora de R铆o Turbio, que Cameron integr贸 desde su inicio, en 1995. En su defensa, Cameron, que fue ministro de Econom铆a y Obras P煤blicas de Santa Cruz, esgrimi贸 una carta que le mand贸 a N茅stor Kirchner en 1995, entonces gobernador de la provincia, donde le ped铆a fondos para controlar la empresa. Dijo que era imposible hacerlo.

Esta situaci贸n -para el juez Torres- cambi贸 en 2000 con la llegada de Julio S枚rensen a la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n, por eso lo sobresey贸. Pero el fiscal Delgado apel贸. El descontrol era tal que no se ten铆an inventarios de los bienes, maquinarias e inmuebles. "La ca贸tica situaci贸n de desmantelamiento documentada [...] fue posible, entre otras cuestiones, como consecuencia de la falta de controles adecuados", escribi贸 Torres en su sentencia. Estas falencias fueron advertidas tambi茅n en diversos informes emitidos por la Auditor铆a General de la Naci贸n (AGN).

El juez reproch贸 que se hubieran adquirido dos m谩quinas, que no estaban avaladas ni t茅cnica ni econ贸micamente. Son una Turbogas BAR Marca General Electric, por $ 5.942.939 incluidas obras civiles para su emplazamiento, y la otra es una Turbo Gas John Brown 5200 LA. Ambas funcionan a gas, combustible que no exist铆a en la zona.

Adem谩s corrobor贸 la transferencia del buque Corrientes II, la simulaci贸n del aumento del patrimonio de Yacimientos Carbon铆feros R铆o Turbio en $ 10 millones para recibir m谩s subsidios y la modificaci贸n de la actividad empresarial de la firma. Dijo el juez que estas "faltas del concesionario fueron posibles gracias a un 芦dejar hacer禄 achacable a los miembros de la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n de R铆o Turbio", presidida por Cameron.

SIN CONTROLES DESDE EL ESTADO

R铆o Turbio - Cameron presid铆a una comisi贸n que deb铆a controlar a la minera.

Perjuicio econ贸mico - Fue de $ 37 millones. Se rescindi贸 el contrato en 2002. En 2004 explot贸 y murieron 14 personas.

Maniobras - Se acus贸 a Cameron por la compra de m谩quinas no utilizables y el desv铆o de subsidios.