En los últimos días se hizo pública una batalla que se mantenía bajo la superficie, soslayada pero latente. La trama secreta detrás del enfrentamiento tiene, de un lado, a la Provincia, aferrada a la Ley Corta que regula los hidrocarburos, con su empresa Gas y Petróleo del Neuquén (G&P) como bandera, y, por el otro, a la revitalizada YPF bajo control estatal.

La pelea pasa por el control de las áreas. La compañía conducida por Miguel Galuccio se ve amenazada por el avance de las empresas provinciales. El modelo de G&P ya comienza a reaplicarse en Mendoza, Chubut, Río Negro y La Pampa, que buscan ganar terreno en el mapa petrolero.

La compañía neuquina va a la vanguardia de este nuevo esquema, con tres rondas licitatorias en su haber y otra en marcha, mediante las cuales atrajo socios de peso mundial como Exxon, EOG Resources y Shell. Para YPF, el surgimiento de las petroleras provinciales significa una mayor competencia y dificultad para acceder a nuevas áreas.

REFORMA NEUQUINA

Pero la mayor preocupación pasa por la reforma de la Ley de Hidrocarburos provincial que estudia el gobernador Jorge Sapag. Además de establecer que los yacimientos serán concesionados por clusters productivos durante 35 años, la nueva norma determinará que, cuando venzan -entre 2026 y 2027-, las áreas que hoy están en explotación quedarán para G&P. De esta forma, la empresa provincial pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras.

Esta decisión es una bomba de tiempo para YPF. La principal razón de la expropiación del 51% de las acciones a Repsol fue la necesidad del país de recuperar el autoabastecimiento energético. Y eso se logra de una sola forma: a fuerza de inversiones. En un negocio a largo plazo como el petrolero, los desembolsos están atados a los tiempos que duren las concesiones. Con poco más de 10 años de horizonte y fuertes inversiones en marcha, la reforma que analiza la Provincia atenta contra los planes de YPF.

La semana pasada, la petrolera argentina mostró números concretos para Neuquén. Invertirá 3.000 millones de dólares este año, generará 5.000 puestos de trabajo en Vaca Muerta, logró revertir la caída de la producción de gas y aumentó la de petróleo. También incrementó considerablemente su aporte a las arcas provinciales en concepto de ingresos brutos y regalías ($1.800 millones en 2013).

Sin embargo, en la Provincia creen que “YPF tiene demasiadas áreas” y que no puede poner todas en desarrollo, y por eso busca socios, como sucedió con Chevron, Dow o Petronas. Mientras que la conducción de la petrolera nacional considera que, como empresa de bandera y pionera en Vaca Muerta, debe liderar el desarrollo. Desconfía de la capacidad, poca experiencia y espaldas de las empresas provinciales.

Los tiempos apremian. Este año a YPF se le vencen permisos exploratorios que obtuvo en las primeras rondas de G&P. Si durante 2014 no anuncia descubrimientos deberá devolver las áreas a la Provincia. Y la empresa que conduce Guillermo Coco las espera con los brazos abiertos para ofrecerlas a otros inversores. Aunque no quiere confrontar, la administración Sapag cree que con YPF sola no alcanza para desarrollar Vaca Muerta.

LAY NACIONAL

El andamiaje que sostiene la pelea es la Ley Corta, sancionada en 2006 por el Congreso Nacional, que transfirió a las provincias la potestad sobre los recursos y el manejo de las concesiones como poder concedente. Neuquén se aferra a ella como la herramienta que le permite tener acceso a una mayor porción de la renta petrolera. En cambio, para YPF es un fantasma que acecha contra sus planes de crecimiento.

Los funcionarios neuquinos no desperdician ocasión para defenderla. De hecho, aseguran que con la norma que enviará Sapag a la Legislatura es suficiente y que sólo se necesitan “incentivos fiscales” de Nación para que Vaca Muerta funcione.

Según trascendidos, YPF tendría un equipo trabajando en la redacción de un proyecto para una nueva Ley Federal de Hidrocarburos, que daría por tierra con la Ley Corta. Si eso sucede, la puja con G&P podría extenderse con el resto de las provincias productoras, que ven el petróleo una gran fuente de financiamiento para sus arcas.