El 2014 fue un año clave para la industria petrolera. Además de cerrar con un récord de inversiones en la provincia –unos u$s 5.100 millones-, el sector hidrocarburífero tuvo un fuerte cambio de las reglas de juego. Tras largos seis meses de confrontaciones mediáticas y duras negociaciones entre los gobernadores, Nación y la petrolera YPF, en octubre se aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

¿Por qué se modificó la norma? Por Vaca Muerta. La confirmación de que el shale neuquino puede ser comercialmente explotable cambió el escenario. Argentina pasó de ver como caían estrepitosamente sus curvas de producción –desde 1998 en el caso del petróleo y desde 2004 en gas- a contar con recursos de un enorme potencial.

El año pasado comenzó el primer desarrollo intensivo (Loma Campana), que demuestra que Vaca Muerta es viable. Para su concreción se debió crear un régimen especial: el Decreto 929 que otorgaba beneficios como la libre disponibilidad de la producción y la posibilidad de girar dividendos.

Además, la Provincia aprobó una concesión ad hoc para que el proyecto tuviera un plazo de 35 años. La reforma de la Ley de Hidrocarburos replicó ese andamiaje normativo, con algunos cambios. La nueva norma trajo aparejado un duro enfrentamiento entre el gobernador Jorge Sapag y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

El rol de las empresas provinciales como GyP, que van acarreadas en el negocio con las operadoras, fue la punta del iceberg de la pelea entre el Nº1 de la petrolera nacional y el neuquino. La disputa de fondo era el reparto de la renta y el manejo del negocio.

Sapag lideró la rebelión de las provincias petroleras contra un borrador inicial redactado en la lujosa torre que tiene YPF en Puerto Madero, con una vista privilegiada al Río de la Plata.

Galuccio, desde su oficina en el piso 33, confeccionó una ley que pondría fin a los manejos de las provincias, que –según su visión- se habían habituado a incluir a empresas inexpertas en el negocio y sin espaldas financieras que no buscaban más que especular sentadas sobre las áreas. Además, más de una vez apuntó que las petroleras provinciales son un lastre financiero que entorpece las inversiones.

De la vereda de enfrente, con Neuquén a la cabeza, las provincias consideraban que el titular de YPF buscaba monopolizar las áreas en Vaca Muerta y esquilmarles buena parte de la renta. Finalmente, se llegó a un acuerdo donde todos cedieron una parte, cuyos principales ejes son los siguientes:

Regalías:

Se mantendrán en el 12% y se pagará un 3% más en la primera prórroga y en las siguientes extensiones se podrán sumar otros 3 puntos, con lo cual el techo de las regalías será del 18%. No se tocarán los contratos de la 2615.

Pagos en efectivo:

A la hora de obtener una prórroga o una concesión no convencional, se pagará un bono equivalente al 2% del valor de las reservas comprobadas remanentes del área. En inversiones superiores a los u$s 250 millones, la concesionaria abonará el 2,5% del desembolso en concepto de RSE y Nación hará desembolsos para obras de infraestructura cuyo monto será evaluado en función del impacto que tenga el proyecto.

Concesiones:

Las provincias ya no podrán reservar áreas para sus empresas, aunque mantendrán las que ya están reservadas. En ese caso el acarreo estará permitido pero solo en etapa exploratoria, después deberán invertir al igual que sus socias. Nación y las provincias elaborarán un pliego licitatorio modelo.

Impuestos provinciales:

Si bien no está incluido en la reforma de la Ley porque se trata de cuestiones de jurisdicción provincial, se acordó que Ingresos Brutos no podrá superar el 3%. Las provincias se comprometieron a no subir el impuesto a los Sellos y a no gravar los contratos financieros realizados para estructurar las inversiones. Los municipios no podrán gravar nuevos impuestos ni elevar los actuales.