La fuerte devaluación que sufrió la Argentina el año pasado sigue teniendo sus efectos en la forma en que las empresas negocian sus contratos. Puntualmente, en el mercado energético, donde todos los costos son en dólares, las conversaciones por acortar los plazos de pago comenzaron a tensarse entre las productoras y las distribuidoras de gas.

El debate no es menor. El año pasado le costó el puesto al segundo encargado de Energía que tuvo la administración de Mauricio Macri.

Javier Iguacel se fue del Gobierno -entre otras razones tras su intento de trasladar a los usuarios el costo que se generó por la variación del tipo de cambio entre abril y septiembre de 2018. Finalmente, la diferencia de aproximadamente $20.000 millones la absorbió el Estado, aunque todavía no se les pagó a las productoras ni se sabe cómo se hará.

Para este invierno, las condiciones de pago comenzaron a negociarse luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que depende de la Secretaría de Energía, llamara a una consulta pública para establecer los términos de la subasta de precios que se realizará en febrero. En ese documento, el Gobierno abrió la discusión sobre los plazos en los que las distribuidoras -Metrogas y Camuzzi, por ejemplo- les pagan a las productoras de gas -entre las que se encuentran YPF, Total, PAE y Tecpetrol-, que podría pasar de los actuales 75 a 30 días.

Ante este cambio, la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) indicó que, como ellas cobran las facturas del servicio de forma bimestral, deberían recurrir a un financiamiento extra en el mercado para pagarles a las productoras por el insumo.

"Se hizo un cálculo del capital de trabajo que necesitan todas las empresas de distribución para mantenerla operación en el pico de demanda más alto del año, que es entre junio y octubre. El monto asciende a $31.342 millones.

Para pagarlo será necesario financiarse en el mercado porque, si se acortan los plazos de pago, no vamos a tener caja. Con las tasas de interés vigentes, calculamos una tasa mensual del 5%, que para nosotros significaría un costo financiero adicional de $9537millones", explicó el representante de una empresa distribuidora.

Este costo financiero adicional se les trasladaría luego a los usuarios, que se reparten entre residenciales y comercios.

"Hasta 2006, le vendíamos gas a toda la demanda, incluida la industrial, que pagaba a 30 días. Con eso se subvencionaba lo que tarda en pagar el usuario residencial, que son 60 días. Ahora la industria paga el gas por su cuenta, por lo tanto, no tenemos más esa facturación anticipada que teníamos antes", explican las distribuidoras, cuando se les pregunta por qué se amplió de 30 a 75 días el plazo de pago hace 13 años.

Las empresas productoras, por su parte, plantean que al llevar el plazo a 75 días "se provocó una desinversión en toda la cadena del sector", y que "las distribuidoras pretenden que los productores absorban el 100% de la devaluación de la moneda". "Hoy, tras la recuperación de los márgenes de las distribuidoras, que se ven reflejados positivamente en sus balances presentados en 2018, se hace necesaria la normalización del plazo de pago de 30 días", apuntaron.

De la boleta de gas que recibe el usuario, un 50% es el costo del hidrocarburo; casi un 15% es la distribución, un 10% es el transporte y lo que queda son impuestos.

"Los otros cargos en las facturas son abonados a 30 días por las distribuidoras. Por este motivo, no corresponde pagar el precio del gas más allá de ese plazo, máxime cuando los productores les abonan a sus proveedores dentro de los 30 días. La pretensión de seguir pagando a 75 días les permitiría apropiarse indebidamente del dinero de los consumidores abastecidos por ellas y obtener una renta extra con el rendimiento del dinero sobre el plazo que puedan dilatar los pagos", dice un comunicado de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH).

"Las distribuidoras deben tener el capital necesario para ejercer sus actividades y asumir el riesgo empresario que estas conllevan. La capitalización de las distribuidoras de gas es una decisión propia de cada empresa, de acuerdo con sus respectivas estructuras de costos", agregaron.

La discusión sobre el plazo de pago seguirá en los próximos días. Recién el viernes finaliza la consulta pública a la que convocó el Enargas.

La decisión final deberá estar lista antes del 13 de febrero, cuando se producirá la subasta en la que las distribuidoras y las productoras negociarán sus contratos en forma directa, pero con el marco contractual que diseñe la Secretaría de Energía.