El proyecto de construir un nuevo gasoducto para la producci贸n de gas de Vaca Muerta, que impulsa la Secretar铆a de Energ铆a, est谩 suscitando cuestionamientos y dudas, entre las empresas que producen y transportan. Pero sobre todo abre un interrogante: 驴habr谩 condiciones econ贸micas para que el repago de la obra se traslade a las tarifas de gas de todos los usuarios, tras los fuertes ajustes aplicados en los 煤ltimos cuatro a帽os?

Hasta el 8 de abril, las empresas petroleras y transportistas tienen tiempo para realizar manifestaciones de inter茅s con vistas a construir un nuevo gasoducto o desarrollar una ampliaci贸n significativa de la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina hasta el AMBA y el Litoral, seg煤n la resoluci贸n 82 de la dependencia que conduce Gustavo Lopetegui.

De acuerdo a esa norma, las propuestas podr谩n ser consideradas, total o parcialmente para su integraci贸n a las bases y condiciones de la licitaci贸n p煤blica que se espera adjudicar en septiembre.

Seg煤n la estimaci贸n oficial, el primer tramo del proyecto de Neuqu茅n a Bah铆a Blanca demandar谩 una inversi贸n de u$s800 millones, y sobre este total 400 millones provendr铆an del Fondo de Garant铆a de Sustentabilidad de la Anses y 200 millones del BID, mientras los otros 200 millones deber谩n ser financiados por los interesados.

Lo que no est谩 dicho es cu谩ndo los usuarios a trav茅s de las tarifas empiezan a repagar las obras. En principio, seg煤n los contratos negociados por el actual gobierno con las transportistas en los t茅rminos de la ley de marco regulatorio del gas, las obras se prev茅n para un per铆odo quinquenal y se fijan tarifas de transporte para esos cinco a帽os que en rigor van anticipando fondos para la construcci贸n.

Las obras y las tarifas est谩n definidas hasta 2021, pero el Gobierno quiere adjudicar el gasoducto de Vaca Muerta en septiembre para tener listo un primer tramo en el invierno de 2020, lo que obligar铆a por lo menos a revisar el plan vigente.

En ese sentido, la C谩mara de Exploraci贸n y Producci贸n de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a todas las petroleras, difundi贸 esta semana una nota elevada al Enargas en la que solicita un censo de la capacidad potencial remanente en los gasoductos y la identificaci贸n de las expansiones que resulten econ贸micas y que optimicen los sistemas actuales. Tambi茅n reclama que una vez relevadas esas expansiones, se determine cu谩les de ellas pueden ser realizadas con las tarifas vigentes surgidas de la RTI (revisi贸n tarifaria integral) y cu谩les requerir铆an un cargo tarifario adicional.

Esto significa que los potenciales inversores convocados por el Gobierno quieren tener seguridad de que la obra es necesaria y de que recuperar谩n la eventual inversi贸n en el gasoducto. No parece conformarlos que la Secretar铆a de Energ铆a se haya comprometido a adquirir 12 millones de metros c煤bicos de gas para Cammesa a un precio similar al de la importaci贸n de GNL para los inviernos de 2020 a 2023, vinculando esta iniciativa a la nueva obra de transporte

El proyecto oficial no solo est谩 acuciado por la incertidumbre electoral, el alto costo del cr茅dito y la inestabilidad cambiaria. Hay adem谩s otros elementos en juego. El aumento de la producci贸n en 2018 se debi贸 en alrededor de un 80% al 谩rea de Fort铆n de Piedra concesionada a Tecpetrol del grupo Techint que esperaba percibir por toda la producci贸n un precio asegurado por el Estado de u$s7,50.

Ahora ese valor est铆mulo subsidiado qued贸 limitado a la producci贸n prevista en el proyecto original: unos 8,5 millones de metros c煤bicos diarios frente a 17,5 millones alcanzados en diciembre pasado.

Tecpetrol por ahora par贸 las perforaciones y ya no seguir铆a aumentando la extracci贸n. Otras petroleras como YPF que no entraron en los subsidios de la resoluci贸n 46, planean enfocarse m谩s en el petr贸leo que en el gas de Vaca Muerta.

Algunos expertos sugieren que el gas de esa formaci贸n requiere de un precio elevado que no puede ser pagado por la demanda y ahora tampoco sub- vencionado por el Estado debido a las restricciones presupuestarias.

Hay adem谩s una inc贸gnita de fondo sobre la capacidad de los usuarios residenciales e industriales de pagar precios en d贸lares cada vez m谩s caros por el gas, y eventualmente por un nuevo gasoducto, en una econom铆a que no para de hundirse.