El Gobierno realizó el miércoles una presentación ante la justicia de Nueva York en la causa conocida como Petersen, por la expropiación de la petrolera YPF.

El escrito de la representante legal del Estado argentino, Maura Barry Grinalds, del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ante el juzgado de Loretta Preska (la magistrada de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York) busca que la magistrada desestime la moción para un juicio sumario que Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio del grupo empresario, había presentado el 24 de junio pasado.

El juicio sumario es un mecanismo que permite que un juez se decida sin tener que celebrarse el juicio en su totalidad.

Los defensores de YPF y del Estado le reclaman a Preska que rechace ese pedido y argumentan que Petersen no tiene lugar para hacer ese reclamo.

La Casa Rosada también solicitó un "discovery" para que se haga pública la identidad de los litigantes privados detrás de Burford.

"Dada la naturaleza impropia de estos acuerdos, son nulos ab initio, Petersen no está en posición de hacer una demanda", indica el escrito.

En la presentación realizada ante Preska, el Gobierno sostiene que "Argentina va a demostrar" que Petersen había entrado a la compañía con un procedimiento inusual, con la promesa de pagar su parte con los dividendos futuros de YPF.

El fondo Burford Capital tomó el caso tras el proceso de quiebra de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que habían comprado el 25% de YPF a la petrolera española Repsol en dos operaciones entre 2008 y 2011.

Los Eskenazi entraron a la petrolera estatal con algo más de uSs 2000 millones gracias a préstamos de bancos. La deuda la pagaban con el giro de dividendos hasta que el Gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF a Repsol en 2012.

A partir de entonces, la administración política -ligada al para entonces futuro ministro de Economía, Axel Kicillof- que entró a la compañía estatal prohibió el giro de dividendos. Sin esta posibilidad, las firmas de Petersen -constituidas en España a sabiendas de que YPF era una empresa estratégica para el Estado argentino y una expropiación era posible a futuro- entraron en bancarrota y fueron a la quiebra, mientras que os bancos prestamistas ejecutaron la garantía.

El administrador del proceso subastó en el país europeo el derecho a litigar, ya que según el Artículo 7o del Estatuto de YPF si el Estado compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol.

Ese derecho quedó en manos -tras el desembolso de 15 millones de euros- de Burford Capital, un fondo habituado a buscar casos como éste alrededor del mundo.

Aunque todavía no está explicitado cuál es el monto final que desea Burford, se calcula en unos u$s 3000 millones.