La Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, dirigida por Juan José Carbajales, suspendió el pasado jueves 22 más de un 30% de las exportaciones de gas a Chile, las que estaban pactadas en formato “interrumpible”, sin penalización por incumplimientos y sin ruptura de contratos. Lo hizo por la elevada demanda de las centrales termoeléctricas, que llegó a superar los 60 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d).

El corte imprevisto desató una andanada de críticas desde el sector privado y una interna que se materializó con una carta en duros términos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) a Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Mientras que Bolivia empezó a reducir sus entregas, incluso por debajo de los 9 MMm3/d (el contrato prevé 11 MMm3/d para esta época del año), debido a la prioridad que le otorgó al suministro de Brasil, en plena sequía y con menor generación hidroeléctrica, en Argentina los planificadores del despacho en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) decidieron pedir el total de lo ofertado por los productores y comercializadores en la subasta del mes pasado; regasificar la reserva de Gas Natural Licuado (GNL) en Escobar, Buenos Aires; abrir la producción de pozos convencionales cerrados y usar carbón, gasoil y fuel oil en las centrales térmicas.

En la carta que envió este lunes 27 la CEPH a TGS, las petroleras expresaron preocupación “por el comportamiento de los transportistas en las instrucciones dadas a los productores”. La misiva firmada por el director Ejecutivo de la cámara, Manuel José García Mansilla, asegura que la falta de previsión y flexibilidad de la transportista llevó a que se cortaran las exportaciones aún cuando no hubo temperaturas extremas, como sí ocurrió en otros veranos con más de 40 grados en días consecutivos.

“Es el entendimiento de los productores de gas natural nucleados en esta Cámara que podrían haberse adoptado medidas que, sin poner en riesgo el abastecimiento al mercado interno, resulten menos restrictivas, procurando no afectar la credibilidad y la confianza por parte de los mercados receptores de nuestras exportaciones. Este exceso de celo por parte de los transportistas originó a su vez un perjuicio económico a los productores”, observa el párrafo más crítico de la carta dirigida a Oscar Sardi, director general de TGS, con copia a Carbajales.

En el fondo, persiste en el sector privado el temor de que, de nuevo, un gobierno kirchnerista empiece a alterar el mercado de exportación, como ya pasó en 2004, y empiecen a caerse fuentes de demanda con contratos y precios firmes, lo que llevaría a una caída de la producción en el mediano plazo y necesidades crecientes de importación.

Desde el Gobierno, en tanto, justifican que utilizar combustibles líquidos a un precio cercano a los US$ 12 por millón de BTU (MMBTU) mientras se exporta el gas a menos de US$ 4 es un sinsentido, y que el marco regulatorio avala cortes en los contratos interrumpibles.

“Existe un incremento de costo que lleva a que en la concepción del Gobierno se pueda apelar a restringir volúmenes para privilegiar el abastecimiento al sistema eléctrico con precios inferiores a los costos de desarrollo”, describió un consultor.

“Las transportistas están siendo responsables y hay un tironeo porque nadie quiere dejar de exportar, pero para eso estaba la opción firme, que no se cortó”, minimizó una fuente oficial.