Apenas asumió, el gobierno de Alberto Fernández congeló los precios de la energía, los servicios públicos y los combustibles y decidió que no aumentarían hasta, al menos, el 30 de junio. En el caso de la nafta, incluso frenó un aumento de entre 5 y 10% que tenía entre manos YPF, la empresa de mayoría estatal presidida por Guillermo Nielsen, y difirió un trimestre la actualización del impuesto al Carbono y a los Combustibles. Nada de aumentos, era la voz de orden.

Ahora, luego de que durante un día extraordinario en el mercado de futuros el WTI, el precio de una variedad de crudo que durante años fue referencia del precio del petróleo en la Argentina, cayera por debajo de cero y de que en el primer trimestre del año los precios del WTI y el Brent (variedad que desde 2014 y hasta 2018 fue referencia del mercado local) cayeran más de 70%, por debajo de los 30 dólares el barril, la orden pasó a ser: nada de rebajas.

El trasfondo es una dura puja de ingresos entre productores, refinadores, Nación y Provincias. El último eslabón de la cadena son los expendedores, que en marzo vieron caer sus ventas de combustible al público un pavoroso 88,5 por ciento.

La cuestión es que ni la Nación, ni las Provincias, ni las empresas quieren ver caer sus ingresos: la cuenta deberá ser soportada por los consumidores.

Por cierto, en un mercado de por sí volátil y con una volatilidad acentuada por la pandemia de coronavirus (a la que se sumó la caída de un acuerdo de cuotas de producción de tres años por diferencias entre Arabia Saudita y Rusia), trasladar la baja internacional a los surtidores locales haría inviable parte de la producción local, incluida la mayor promesa del sector petrolero argentino, el desarrollo de la formación Vaca Muerta, segundo reservorio mundial de gas y cuarto de petróleo “no convencionales�.

Significaría también reducir lo que el Estado nacional recauda vía IVA, Impuesto a las Ganancias, impuesto al Carbono e impuesto a los Combustibles y la tajada directa (amén de la parte que reciben de coparticipación de los tributos nacionales) de las provincias a través del impuesto a los Ingresos Brutos y “regalías� de 12% sobre el valor de referencia del crudo. No es poco: según un estudio que el economista energético Sebastián Scheimberg hizo en 2018 para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los impuestos representan 41% del precio final de la nafta y 37% del precio del gasoil.

El debate sobre el precio del petróleo y los combustibles se saldará con un nuevo precio del “barril criollo� en algún punto entre los 40 y los 50 dólares, bien por arriba del internacional. Al revés de lo que sucedió con un segmento de los jubilados, a los que les terminó reduciendo sus haberes, aquí el equipo de gobierno terminará validando un aumento de lo que desde el llano criticaba por caro. (...)