El Estado no tiene plata para nada. Ese es el mensaje que empezó a bajar el secretario de Energía, Darío Martínez, a las empresas privadas del sector en general y más en particular a las eléctricas.

Aún sin tener definiciones claras sobre el descongelamiento de las tarifas en 2021 (lo que más ocupa a las compañías), en los últimos días el equipo del neuquino asumió en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y acelera un plan para que las distribuidoras del país -públicas y privadas- cancelen una deuda por la energía consumida que a fines de agosto superaba los $ 100.000 millones.

El plan para regularizar las obligaciones está contemplado en el Artículo 87 del Presupuesto 2021, que tuvo media sanción la semana pasada en Diputados y ahora se debate en el Senado. El extendido congelamiento de las tarifas, que lleva más de un año y medio, y el impacto de la pandemia quebraron la cadena sectorial de pagos.

La bajada de línea y la intención de solucionar con urgencia este tema parten de una necesidad fiscal: lo que las distribuidoras como Edenor, Edesur, la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, otras firmas de Mendoza, Río Negro y Misiones y las cooperativas de Chubut -entre otras- no le pagan a Cammesa se lo tiene que transferir el Tesoro Nacional para que esta a su vez cumpla sus obligaciones con las generadoras eléctricas (AES, Sadesa - Central Puerto, Pampa Energía, Enel, YPF Luz, Albanesi, Genneia, MSU) y continúen las inversiones mínimas de mantenimiento. Por esta vía el Ministerio de Economía ya devengó $ 263.013,81 millones (más de u$s 3600 millones) en lo que va del año, ya que lo que pueden recaudar las distribuidoras lo usan para pagar sueldos y costos fijos y se financian con Cammesa.

El problema viene acarreándose desde años atrás, pero estalló con la pandemia y la imposibilidad de cobrarle a algunos usuarios. A fines de 2019, la deuda solo llegaba a $ 30.000 millones. Pero desde mediados de este año Edenor y Edesur dejaron de pagar la electricidad y debían hasta el 31 de agosto más de $ 11.000 millones cada una, al tope de la lista junto a la compañía santafesina.

Fuentes oficiales consultadas reconocieron que el tema es prioritario y que contemplarán los criterios para la adhesión de las empresas a planes de pago de acuerdo a las inversiones realizadas y por desembolsar, el cumplimiento anterior en las obligaciones con Cammesa y la cantidad de usuarios vulnerables -y, por ende, más difíciles de cobrar- que atienda cada distribuidora.

No obstante, el Gobierno no tiene certezas sobre el descongelamiento de las tarifas después del 31 de diciembre. La intención de Martín Guzmán es que la relación entre subsidios y Producto Bruto Interno (PBI) se mantenga constante en 2021 -un 1,7% para la energía-, lo que implicaría un fuerte aumento en pesos para cubrir el costo monómico (mayorista) y el Valor Agregado de la Distribución (VAD).

Si el dólar oficial se mantiene controlado, a fin de año los usuarios pagarán en torno al 40% del costo de la energía, mientras que el otro 60% será cubierto por el Estado Nacional. En abril de 2018 la relación era cercana al 75-25%.

Las ayudas sociales destinadas para contener los efectos del nuevo coronavirus le otorgaron al Gobierno una valiosa base de datos para segmentar a los usuarios que podrían soportar incrementos por encima de la inflación y aquellos que necesitarán más auxilio estatal. Martínez viene trabajando en ese sentido con Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Victoria Tolosa Paz, presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.