Una tormenta de nieve volteó el 23 de julio 37 torres de una doble línea de alta tensión en Chubut que abastece energía hidraúlica de Futaleufú. El arreglo demora entre uno y dos meses, pero recién en los últimos días comenzó a haber algunos avances. El Estado pierde más de US$ 5 millones por mes por no reparar la línea. 

El 23 de julio de este año una tormenta de nieve volteó 37 torres de la doble línea de alta tensión que transporta energía desde la represa hidroeléctrica Futaleufú hasta el Sistema Interconectado Nacional (SADI) y que es desde donde se abastece la planta de aluminio de Aluar, en Puerto Madryn, Chubut. La línea es operada por la empresa Transpa, una empresa controlada también por la empresa presidida por Javier Madanes Quintanilla que, desde entonces, le viene reclamando al gobierno una solución que permita afrontar el costo de la reparación. 

La compañía debe solventar la inversión, pero al tratarse de un servicio público tarifado, el Estado debe establecer algún mecanismo de repago de los desembolsos a cargo del privado. Se estima que la reparación de la línea costará entre 15 y 20 millones de dólares. Sin embargo, recién en los últimos días comenzó a haber algunas definiciones luego de casi cinco meses sin mayores avances. 

La demora no es gratuita a las arcas del Estado nacional. Al no reparar la línea de transmisión no se puede despachar energía desde el complejo hidroeléctrico Futaleufú, que por lo general aporta unos 350 MWh de energía al SADI. Al no poder producir energía en esa represa, hubo que reemplazar esa oferta por energía generada en centrales térmicas que consumen gas y combustibles líquidos, cuya operación es más costosa que la de la represa emplazada en Chubut. Se estima que eso generó un sobrecosto mensual de entre 5 y 8 millones de dólares. Una de las 37 torres de Transpa que se cayeron en julio por el temporal de nieve en Chubut. 

Las torres que hay que cambiar son las 37 que cayeron más otras 20 que sufrieron desperfectos estructurales. Fuentes cercanas a la empresa explicaron a EconoJournal que el abanico de alternativas incluye básicamente dos opciones regulatorias a las que el gobierno sumó una tercera: Que la obra se financie bajo el paraguas de la resolución 146/2002 dedicada a solventar mantenimientos mayores. Se trata de una normativa dictada a la salida de la Convertibilidad que, en un contexto de congelamiento de tarifas, autorizó al Estado a financiar con fondos del Tesoro arreglos en redes de transporte. Que se realice una Revisión Tarifaria Extraordinaria (RTE) para financiar los gastos del arreglo. 

Es lo que, en rigor, establece el contrato de concesión de Transpa. Que se financie con un cargo excepcional a la demanda. Esa fue la alternativa que se propuso desde el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), pero hasta el momento no hubo novedades. El arregla de las líneas de transporte de Transpo demorará unos dos meses desde el inicio de las obras. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, si el gobierno definiera el andamiaje regulatorio para encarar la obra a fines de diciembre, el tendido recién estaría recuperado a fines de febrero; siete meses después de la falla de julio de este año. (...)