Para tomar dimensión de su impacto, CADER estima que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar u$s20 millones. CADER, en su rol de cámara que núclea a más de 100 empresas del sector de las energías renovables y representa toda su cadena de valor, rechazó categóricamente la implementación del "impuesto al viento". Con este impuesto un parque eólico de 100 MW se vería obligado a pagar  u$s20 millones Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de CADER, aseguró que "hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos". 

Los generadores renovables se encuentran amparados en la Ley 27.191, normativa que prevé la posibilidad de trasladar al precio de venta de energía cualquier impuesto, tasa o gravamen- sea nacional, provincial o municipal – que se incorpore a posteriori de la firma del contrato PPA, lo que terminaría impactando sobre toda la demanda de energía eléctrica nacional. "En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn", alertó. 

La situación preocupa a CADER y sus empresas miembros dado que, de prosperar, la provincia de Chubut avanzaría en una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados. Desde el punto de vista jurídico, 

Alfonsín agrega que el "impuesto al viento" carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn. Pedido al Gobierno Ante esta situación, la Cámara reclama la colaboración del Gobierno Nacional: "Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente". Y dada la gravedad del tema, Alfonsín mencionó que "CADER se encuentra estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento". 

Algunas compañía evalúan la judicialización Acentuando su posición, el Director Ejecutivo de CADER comparó que "en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia". Incluso advirtió que "por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales". Siguiendo la idea afirma que "estas imposiciones fiscales no hacen más que atentar con el cumplimiento de la Ley 27.191, aquella que obliga a alcanzar un 20% de energías limpias en la matriz eléctrica de generación hacia 2025". 

En síntesis, la Comisión Directiva de CADER ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país.