El pasado domingo 17 de abril tras el rechazo de la implementación de la Reforma Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de diputados propuestas de modificación a la Ley Minera con el fin de promover la soberanÃa de México ante el litio.
AsÃ, con mayorÃa simple, Morena, PT y PVEM aprobaron las modificaciones, en lo general y lo particular de los artÃculos no reservados de la Reforma a la Ley Minera el pasado 18 de abril.
Es en medio de este contexto que ONGs, académicos y comunidades pertenecientes al movimiento Cambiemosla ya y ALDEA llamaron a aprovechar la iniciativa para “hacer cambios profundos a la leyâ€.
Si bien, los defensores del territorio han asegurado que ven positivo que el Poder Ejecutivo plantee reformas a la ley, señalaron que la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo y recientemente aprobada en votación en la Cámara de Diputados “es muy limitadaâ€.
“(...) no corresponde a la profundidad con la que se ubica el problema en la exposición de motivos ni corrige el contenido violatorio de los artÃculos que han posibilitado la entrega de los territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades indÃgenas, afromexicanas y equiparables, asà como contra los núcleos agrariosâ€, aseguran.
Cabe destacar que dicho movimiento reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, académicos, y personas defensoras de la tierra y el territorio desde hace dos años con el fin de impulsar una reforma “profundaâ€.
Sus principales señalamientos se centran en que desde que fue expedida en 1992, la Ley Minera “estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones sin que importaran los derechos del pueblo de Méxicoâ€
Con ello, expresaron que los fines vigentes de la Ley Minera “no son conciliables†con la Constitución ni con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y plantearon una serie de puntos a modificar:
Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras. La actual iniciativa del Ejecutivo no debe dar este mismo carácter al litio, porque posibilitará que se priorice la minerÃa de litio por encima de las actividades que realizan las comunidades en sus territorios.
Fuente: Infobae
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