La defensa argentina volvió al a carga en los tribunales de Estados Unidos. El martes último presentó dos escritos ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York, en los que argumenta por qué el Estado no puede cumplir con la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF, tal como dispuso la jueza Loretta Preska.

Además, la Procuración del Tesoro adelantó que presentará en breve la apelación formal a la sentencia dictada la semana pasada y pedirá la suspensión de su ejecución ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

La ofensiva judicial del Gobierno llegó después de que, el lunes pasado, los fondos demandantes –Burford Capital, Eton Park y Bainbridge– rechazaron el pedido argentino de frenar la transferencia de las acciones a los beneficiarios del fallo.

Los abogados de los fondos citaron en sus escritos declaraciones del gobernador bonaerense y ex interventor de YPF Axel Kicillof. En particular, incluyeron una transcripción traducida de su conferencia de prensa de la semana pasada, donde calificó la decisión de la jueza Preska de "disparate jurídico" y advirtió que "los vientos de privatización esLa jueza Loretta Preska tán soplando de nuevo".

Desde la Procuración del Tesoro respondieron que el gobernador bonaerense y principal referente de la oposición "continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina".

A lo largo de sus presentaciones, el Estado argentino sostuvo que el pedido de los demandantes es un ataque directo contra su soberanía y detalló tres argumentos centrales: 1) Un caso sin precedente. No se trata de una disputa comercial tradicional, sino de un juicio excepcional que involucra un fallo por US$16.100 millones, actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso –destacó la defensa– el propio gobierno de Estados Unidos expresó desacuerdos con la decisión del tribunal.

2) Daño irreparable. Cumplir con la orden implicaría violar la legislación local, específicamente la ley de expropiación de YPF, que prohíbe vender acciones sin la aprobación del Congreso. En caso de avanzar con lo pretendido, la Argentina perdería de forma irreversible el control de la petrolera.

3) Falta de perjuicio y defensa del interés público. Según el escrito, los demandantes no sufrirían daños si se suspende la medida, mientras que su ejecución inmediata podría perjudicar a terceros ajenos al juicio –como provincias y bonistas– y activar cláusulas contractuales en contra de YPF. Por eso, opinan, lo mejor es mantener el statu quo.(...)