Advirti贸 que la falta de cooperaci贸n podr铆a derivar en sanciones y fij贸 una nueva fecha l铆mite para entregar la informaci贸n. En las 煤ltimas horas se conoci贸 que el Gobierno analiza una nueva acci贸n judicial en respuesta a la orden.

En una audiencia celebrada en Nueva York, la jueza federal Loretta Preska reafirm贸 su decisi贸n de obligar al Estado argentino a entregar los mensajes y correos electr贸nicos de dos figuras clave en el manejo de la econom铆a: el actual ministro Luis Caputo y su antecesor, Sergio Massa.

La solicitud forma parte del proceso judicial iniciado por fondos de inversi贸n por la expropiaci贸n de YPF , y pone nuevamente a la Argentina en una posici贸n delicada dentro del sistema legal estadounidense.

Durante la audiencia, que tuvo lugar en el tribunal del distrito sur de Nueva York, los abogados que representan a los demandantes insistieron en que existen elementos suficientes para creer que ambos funcionarios utilizaron sus dispositivos personales para tomar decisiones de Estado. La jueza coincidi贸 en ese punto y descart贸 las objeciones argentinas, al considerar que forman parte de una estrategia para dilatar el proceso.

Preska acept贸 establecer una nueva fecha l铆mite para cumplir con la orden 鈥攅l 30 de octubre 鈥�, pero fue clara respecto a las consecuencias de no avanzar: podr铆an aplicarse sanciones , como inferencias adversas o incluso medidas de desacato .

Uno de los aspectos m谩s tensos del proceso gira en torno al uso de canales personales por parte de los funcionarios argentinos. Los estudios jur铆dicos que representan a los fondos demandantes (Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen) argumentaron que existe evidencia p煤blica de que Massa y Caputo manejaron temas vinculados a YPF a trav茅s de chats y correos no institucionales. Seg煤n su visi贸n, esta pr谩ctica compromete la transparencia y debe ser auditada judicialmente.

Frente a esto, la jueza mantuvo su posici贸n y reiter贸 su orden original. La Argentina debe entregar esas comunicaciones privadas como parte del proceso de discovery, una etapa clave en el sistema judicial estadounidense donde cada parte debe revelar documentos e informaci贸n relevante para el caso.

El Gobierno argentino prepara una presentaci贸n formal ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, con el objetivo de suspender la orden que exige la entrega de correos y mensajes privados de los exministros Luis Caputo y Sergio Massa. La decisi贸n, confirmada por altas fuentes oficiales, busca pausar la medida judicial hasta tanto se resuelva la apelaci贸n vinculada al alcance del discovery, una etapa clave del juicio por la expropiaci贸n de YPF.

Este nuevo paso se suma al recurso que la Procuraci贸n del Tesoro , encabezada por Santiago Castro Videla, ya interpuso ante la Corte de Apelaciones el pasado 26 de septiembre , en un intento por bloquear la entrega de informaci贸n que considera sensible. Sin embargo, Preska volvi贸 a insistir con su orden este 煤ltimo viernes, en una audiencia con representantes legales de la Argentina y de los fondos demandantes.

Desde la Casa Rosada mantienen una postura firme: 鈥渄e ninguna forma鈥� se acceder谩 a entregar datos personales o privados de funcionarios actuales o anteriores. En el entorno del Gobierno consideran que la jueza 鈥渟e excedi贸 en su jurisdicci贸n鈥� , tanto en su pedido de mensajes privados como en su exigencia de informaci贸n sobre activos argentinos .

En l铆nea con esa estrategia, en Balcarce 50 aseguran que no se ofrecer谩 ning煤n tipo de garant铆a o compromiso mientras contin煤e en pie el proceso de apelaci贸n del fallo que habilita la transferencia del 51% de las acciones de YPF . El oficialismo tambi茅n descart贸 de plano cualquier intento de acercamiento directo con los fondos litigantes, al subrayar que no habr谩 negociaciones fuera del 谩mbito judicial .

Esta combinaci贸n de acciones judiciales y definiciones pol铆ticas marca la estrategia defensiva del Gobierno frente a un litigio que, adem谩s de su impacto econ贸mico, involucra debates profundos sobre soberan铆a, privacidad institucional y l铆mites jurisdiccionales en el escenario legal internacional.

Mientras cumple con los pedidos de Preska, el Gobierno argentino se juega una batalla decisiva en otro nivel del sistema judicial de EE.UU.: impedir que se ejecute la sentencia que lo obliga a pagar US$16.000 millones a ra铆z de la expropiaci贸n de la petrolera. Una de las posibles formas de cumplimiento ser铆a la entrega del 51% de las acciones de YPF , hoy en manos estatales.

El Estado argentino present贸 una apelaci贸n ante la Corte de Nueva York en la que argumenta que ejecutar esa sentencia vulnerar铆a principios fundamentales de soberan铆a econ贸mica y abrir铆a la puerta a una ola de litigios contra activos estatales en el extranjero. En ese contexto, el Gobierno obtuvo el respaldo diplom谩tico de varios pa铆ses, que manifestaron preocupaci贸n por las implicancias globales del caso.