En los primeros meses de 2012, Guillermo Jalfin, todavía a cargo del área de Desarrollo de Negocios para América latina de Schlumberger, llegó a Neuquén para reunirse con autoridades provinciales. Les quería proponer un negocio. El encuentro se produjo días después.

El ejecutivo, geólogo formado en la Universidad de Tucumán, ilusionó a sus interlocutores con la posibilidad de apuntalar la llegada de un jugador de peso de la industria hidrocarburífera, la malaya Petronas, a los campos no convencionales de Vaca Muerta. La oportunidad se estructuraría de la siguiente manera: Petronas se asociaría con Gas & Petróleo (G&P), la petrolera de Neuquén, para explorar una fracción de Aguada Federal, un bloque concesionado a esta última.

De la trama participaría también una empresa de capital local. Y Schlumberger ganaría el contrato para prestar servicios especiales en el desarrollo del área. Para la compañía de servicios –donde todavía se desempeñaba Miguel Galuccio al frente de la unidad Integrated Project Management (IPM)– se trataba de un proyecto estratégico, dado que le permitiría meter una cuña en la asociación de Petronas con su principal competidor, Halliburton, que poco tiempo antes había firmado con la petrolera asiática un contrato de exclusividad para proveer servicios petroleros en todos los proyectos shale (no convencionales) de Petronas a nivel mundial.

Las tratativas entre las partes avanzaron hasta casi materializarse, siempre motorizadas por Jalfin. Pero en mayo de 2012, la reestatización de YPF, con la designación de Galuccio al frente de la mayor petrolera de la Argentina, motivó un brusco cambio de planes. El CEO de YPF mantenía una relación muy estrecha con Jalfin, cimentada en un largo recorrido conjunto en el campo profesional. Tras compartir filas a mediados de los 90 en la YPF que comandaba José “Pepe” Estenssoro –quien luego los transferiría a Maxus Energy, brazo internacional de la empresa–, Galuccio lo convocó a Schlumberger a mediados de la década pasada.

REENCUENTRO

Por eso, no fue extraño que sus caminos volvieran a cruzarse. En febrero de 2013, Galuccio lo llamó una vez más para liderar el relanzamiento de YPF Holdings, la filial de la petrolera argentina en Houston, que monitorea negocios en América latina, controla los destinos de Maxus y enfrenta un pesado conflicto medioambiental que se dirime en la Justicia de Estados Unidos por la contaminación del río Passaic, en las afueras de Nueva Jersey.

Ya en funciones, Jalfin concretó una jugada ambiciosa para reformular el negocio con Petronas. Una versión confirmada a Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía por dos fuentes indica que corrió del medio a los neuquinos de G&P y a la petrolera con participación local –la canadiense Enercana, que tiene entre sus accionistas a Osvaldo Sortino, ex socio del banquero Raúl Moneta– y les ofreció a los asiáticos una asociación directa con YPF, sin intermediarios. Esa alianza finalmente se suscribió en diciembre de 2014 con la firma de un contrato de inversión de u$s 550 millones en Vaca Muerta entre Galuccio y su par de Petronas, Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas.

La historia –reconstruida por Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía sobre la base del testimonio de cuatro personas cercanas a YPF, que prefirieron la confidencialidad– muestra la excelente sintonía que existía entre el presidente de YPF y Jalfin, y es un elemento clave a la hora de interpretar los tormentosos últimos meses vividos en las oficinas de YPF Holdings generados, precisamente, por la salida en julio pasado de Jalfin, en el marco de una auditoría ordenada por Galuccio para conocer en detalle los gastos realizados por la subsidiaria con sede en Houston.

SOSPECHADO

Galuccio desconfía sobre el manejo de los fondos que realizó en 2013 y 2014 la filial norteamericana de YPF. Por eso ordenó la presentación de una demanda en una Corte de Justicia de Texas contra Karlin Pacific LLC, una prestadora de servicios petroleros con sede en Boca Raton (Florida). La rúbrica de ese convenio fue el detonante de la salida de Jalfin.

YPF demanda a Karlin por el presunto incumplimiento del contrato rubricado entre esa compañía e YPF Holdings. La denuncia fue presentada el 26 de diciembre de 2014. Está registrada bajo el expediente (Acción Civil) N° 4:14-cv-03695. El escrito consta de 14 carillas y está firmado por la abogada Christina E. Ponig, del estudio jurídico DLA Piper LLP, que representa a YPF Holdings, la parte actora.

En el escrito se describe que YPF Holdings firmó el 19 de agosto de 2013 un contrato de Servicios Profesionales con Karlin Pacific para el asesoramiento técnico en el plano geológico, de reservorio, de producción y económico de 35 campos maduros de hidrocarburos en Venezuela, Ecuador y la Argentina. Ese contrato original fue luego modificado con una segunda enmienda el 12 de noviembre de ese año.

La tarifa acordada por esos trabajos ascendió a u$s 2,9 millones, según consta en la denuncia redactada por Ponig, que cita como elemento probatorio la declaración de José Daniel Rico, el ejecutivo que reemplazó a Jalfin al frente de la subsidiaria de YPF en Estados Unidos. El Directorio de YPF Holdings aprobó el pago de esa cifra, que se concretó en el primer semestre de 2014, una vez que Karlin realizó los trabajos encomendados.

Sin embargo, cuando requirió que YPF, la empresa madre, le devolviera el dinero, chocó con la negativa de Galuccio, que dispuso una primera auditoría sobre el contrato. “A mediados de 2014, se determinó que la rúbrica de ese compromiso fue irregular de acuerdo con los estándares y política de YPF, dado que esa empresa no tenía antecedentes para realizar esa clase de trabajos”, detallaron en ese momento a este medio fuentes directamente relacionadas con la operación cotidiana de la compañía.

Para Galuccio no fue sencillo. Jalfin era una persona de su máxima confianza, su amigo con el que había compartido las oficinas de Schlumberger en Londres en 2008, y muchos años antes, el desarrollo de los yacimientos de YPF en Las Heras (Santa Cruz) por designio de Estenssoro. A pesar de eso, a fines de julio Galuccio envió a Texas a Fernando Dasso, vicepresidente de Recursos Humanos de YPF SA, para negociar con Jalfin los términos de su partida. Allí se convino argumentar que su desvinculación atendía a razones de salud. Desde ese entonces, no tienen comunicación.

VISTA DE CAUSA

La demanda presentada ante la Justicia norteamericana apunta a seguir la ruta del dinero pagado por YPF Holdings a Karlin Pacific. La letrada patrocinante plantea que YPF Holdings no puede recuperar el dinero desembolsado (se lo debe transferir YPF) si no audita en profundidad los estados contables de Karlin Pacific. Desde el sentido común, es un razonamiento un tanto curioso, dado que se trata de dos compañías del mismo dueño: YPF. Pero la validez legal del argumento está presuntamente sustentada –sobre la base de lo esgrimido en la causa– en el contrato de servicios suscripto entre las partes. La primera vista de causa en el tribunal norteamericano está estipulada para el 12 de marzo.

“YPF Holdings y Karlin Pacific ejecutaron un contrato válido y ejecutable, el Segundo Acuerdo modificado (de noviembre de 2013) […] A través de ese documento, Karlin Pacific accedió, entre otras cosas, a poner sus registros a disposición de YPF Holdings para que ésta audite las facturas, pagos y reclamaciones presentadas por Karlin Pacific o de cualquiera de sus beneficiarios”, sostiene el punto 35 de la demanda.

Es un tema central. Galuccio quiere saber qué hizo Karlin Pacific con los casi u$s 3 millones que recibió. Parece un enorme esfuerzo por cifras menores desde el punto de vista de la petrolera. Quizás esa tenacidad se deba a que en el directorio de Karlin figura Sortino, titular de la empresa Raiser y uno de los representantes de Enercana, una petrolera canadiense casi sin trayectoria en el país que se adjudicó la titularidad de Parva Negra Oeste, un bloque de exploración con acceso a Vaca Muerta, en una licitación realizada por Gas & Petróleo (G&P), la empresa provincial de Neuquén. YPF cuestiona ese proceso licitatorio realizado por la gobernación de Jorge Sapag.

El CEO de la petrolera reestatizada aspira a conocer a qué firmas subcontrató Karlin para realizar los estudios en los reservorios latinoamericanos. Para eso motorizó una primera auditoria en las oficinas de Florida de Karlin que duró ocho días y en la que se comprobó que los trabajos se realizaron de acuerdo con lo requerido por YPF Holdings. En estos términos, que el análisis técnico de los campos maduros se ejecutó de manera correcta. Es más, esos estudios contribuyeron a que en octubre pasado YPF cierre un acuerdo con Petroamazonas, una petrolera del Estado ecuatoriano, para invertir u$s 170 millones en Yuralpa, un campo maduro ubicado en ese país.

SUBCONTRATADAS

Aun así, la sospecha de Galuccio es que Karlin “infló” los gastos incluidos en el convenio con YPF Holdings. Fuentes del mercado advirtieron, sin embargo, que el suscripto entre las partes es un contrato “lump sum” o “contrato de monto fijo por una determinada tarea”. Ese tipo de acuerdos, de uso extendido en la industria petrolera, establece una tarifa fija que deja en manos del proveedor contratado la ejecución y economía del proyecto.

“Por ejemplo, si el contratista tiene un costo de u$s 2 millones y el precio previo acordado por contrato es de u$s 3 millones, tiene una ganancia de u$s 1 millón. Pero si los gastos son u$s 3,5 millones, no tiene derecho a pedir una actualización y debe hacerse cargo de la pérdida. Es decir, la ganancia del proveedor depende de su eficiencia para realizar las tareas comprometidas”, explicó un ejecutivo de la industria. Los contratos “lump sum” son moneda corriente en varios países. La mexicana Pemex, por caso, los utiliza como una frecuente herramienta de contratación.

Existen, sí, múltiples variaciones de contrato. Algunas incluyen cláusulas de “open book” que otorgan a la firma contratante derecho para requerir información con mayor grado de confidencialidad a su proveedora. Eso es lo que deberá determinar la Corte de Justicia de Texas. Si, como argumenta la demandante, que solicita una medida cautelar a su favor, YPF Holdings tiene potestad para exigir más información de los libros contables de Karlin Pacific. O si, en cambio, como indican varios directivos consultados por este medio, la empresa proveedora no está obligada a mostrar sus balances ni responder a qué empresas tercerizadas subcontrató para realizar sus trabajos.

LO QUE VIENE

Sobre este punto existe un elemento adicional: Galuccio detectó la contratación de la firma VYP (Valle y Paraíso), una consultora especializada en el estudio de reservorios maduros y proyectos de inyección secundaria, por un monto mucho más elevado que el que paga la propia YPF a esa misma compañía. No está claro, sin embargo, quién ordenó la vinculación con VYP. Fuentes consultadas afirman que la decisión corrió por cuenta de Eduardo Bellosi, team leader del equipo conformado por Karlin, pero que a su vez respondía y reportaba de manera directa a Jalfin y no así a la empresa vinculada a Sortino.

La Justicia deberá determinar quién tiene razón. Lo más probable, así las cosas, es que en los próximos meses surjan nuevos capítulos de esta saga. Algunos deslizan, incluso, que Karlin Pacific está preparando una contrademanda a YPF por los daños y perjuicios ocasionados por esta causa.