Mientras avanza a paso firme el inicio de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, un polémico acuerdo entre el gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, y los mapuches, podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta.

El diputado nacional Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio, junto a los parlamentarios Héctor Stefani, Virginia Cornejo y Aníbal Tortoriello, presentaron un pedido de informe a la Jefatura de Gabinete de Ministros que contiene nueve puntos conforme a la realización del gasoducto Presidente Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Como adelantó Infobae el pasado 26 de julio, el gobernador Gutiérrez les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un polémico acuerdo: Podrán exigir dinero o beneficios si creen que sus derechos ancestrales son afectados, aunque no sean dueños legales de la tierra.

El yacimiento de Vaca Muerta es el 2º en el mundo de gas no convencional y el 4º de petróleo no convencional y más de 30 empresas locales e internacionales se encuentran invirtiendo en el mismo

Es que el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) que presentó el mandatario patagónico le da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en ese proyecto, el más importante y estratégico tanto para el sector petrolero como para la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

“En este contexto es de suma relevancia que las autoridades nacionales se involucren y manifiesten respecto del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Neuquén y las comunidades autodenominadas mapuches”, aseguró Asseff en su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En concreto, el protocolo les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral.

Los mapuches buscan apoyarse en una disposición jurídica de la Organización Internacional del Trabajo para poder exigir dinero o “beneficios” de la explotación en la zona alegando una supuesta reivindicación territorial. El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre obras y procedimientos a ejecutar en “su territorio”.

Asseff indicó que “ante una de gran relevancia como es este gasoducto, es sumamente importante que los hechos aquí manifestados sean explicados con fundamentos lógicos y razonables para evitar problemas futuros, como así también para que parte involucrada cumpla con sus facultades evitando conflictos de intereses”.