La investigación está a cargo del juez Favio Igoldi después que el exfiscal Marcelo Alvarez instruyó penalmente a partir de una denuncia de fines del 2010 de la Defensoría del Pueblo, a cargo en ese momento de la hoy legisladora Ana Piccinini. Actualmente, el magistrado espera pericias requeridas en las áreas de producción de la petrolera.

Puntualmente, el expediente en el juzgado tiene el Nº 46309/11 y fue caratulado "Pérez Balda Tamara y otros s/incumplimiento de los deberes de funcionario público", considerando la responsabilidad de quien fuera secretaria de Hidrocarburos de Río Negro durante esa concesión en favor de Petrolífera Petroleum.

Esta empresa firmó recientemente un acuerdo con Río Negro por la prórroga de diez años de su concesión para el área de Rinconada-Puesto Morales. Su tratamiento ya recayó en la Legislatura conjuntamente con el entendimiento con otra concesionaria (Petróleos Sudamericanos SA- Necon SA).

En su presentación, la Defensoría caratuló el caso como "maniobra en pozos hidrocarburíferos" y se centraliza en "una serie de irregularidades en el área Puesto Morales Este, operada por Petrolífera Petroleum LMT Sucursal Argentina". Cuestionó penalmente el proceso "administrativo en el otorgamiento de los permisos", la "cesión de recursos de dominio público sin proceso licitatorio alguno", "el perjuicio económicos al Estado por falta de pago de regalías y otras obligaciones derivadas de la extracción del recurso" y "supuestas dádivas por parte de un funcionario a cambio de un trato preferencial hacia una empresa (otorgamiento de un área hidrocarburífera)".

Consigna que área Puesto Morales Este fue asignada el 7 de diciembre del 2007 a Edhipsa y, diez días después, el 17 de diciembre, un decreto aprueba un contrato entre esa sociedad estatal y Petrolífera Petroleum para su exploración y explotación.

La denuncia afirma que la petrolera "operó" antes de obtener las autorizaciones oficiales. Menciona la existencia de dos pozos y estima un monto de 4,6 millones de pesos por el petróleo extraído en uno de ellos.

Según la documentación aportada, la Defensoría argumenta que la petrolera cumplió tareas en el área antes de la formal autorización provincial. Afirmó que el contrato entró en vigencia en octubre del 2008 y, según Energía de Nación, hay extracciones registradas a partir de junio de ese año.